Desde hace semanas, el Senado discute la reforma constitucional que posiblemente le permita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continuar a cargo de la Guardia Nacional no hasta marzo de 2024 como se tenía planeado, sino hasta 2028.
Tras desencuentros entre senadores y senadoras que resultaron en la imposibilidad de llegar a una mayoría que favoreciera la propuesta del presidente y la modificación del artículo constitucional, se tomó la decisión de posponer el debate y analizarlo más a fondo.
Ante la incertidumbre legislativa de esto, durante una conferencia matutina, el presidente López Obrador planteó que a inicios de 2023 se lleve a cabo una consulta popular acerca del desempeño de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus tareas de seguridad pública. Y si bien el artículo 35 de la Constitución mexicana precisa que “no podrán ser objeto de consulta popular (...) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, el Ejecutivo afirma que no será una consulta sobre los temas del artículo constitucional, sino sobre el desempeño de la Guardia Nacional, la adhesión de esta a la Sedena y el regreso de los militares a los cuarteles. De igual manera, el mandatario afirmó que no sería el INE quien lleve a cabo la encuesta, si no la Secretaría de Gobernación.
A pesar de que existe una ley de consulta popular que establece los mecanismos de realización de consultas, es evidente que el instituto encargado se opondría. Ejemplo de esto fue el artículo escrito en el Reforma por el consejero del INE, Ciro Murayama, donde dejó claro el INE no debía participar en la organización de la consulta y que además se trata de una militarización entrelazada con democratización.
Sobre esto, hay que dejar en claro varias cosas; primero, que no le corresponde a un consejero hablar en nombre de una institución tan grande y a nombre de los demás consejeros y consejeras. Y segundo, que el consejero deja clara su postura personal y su parcialidad en el tema; algo complicado cuando se trata de ser árbitro. Y ante el evidente vaticinio de negativa por parte del INE que se viene, el presidente buscará la manera de que otra institución convoque a la consulta; aunque está no sea vinculante y solo sirva realmente para conocer la opinión del pueblo.
Más allá de la conversación sobre la militarización que es a todas luces compleja, técnica y de leguaje legislativo, lo cual invariablemente genera desconexión de la población con el tema, habría que destacar la búsqueda por conocer la opinión real de la población sobre el desempeño de la Guardia Nacional. Después de todo quienes más han sufrido las consecuencias de la guerra contra el narco que nos puso en primer lugar en esta situación, y quienes tienen la última palabra respecto a la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública, son las personas.