La hipótesis central de la negociación del T-MEC en 2018 con Donald Trump era evitar que las empresas en México siguieran violando la ley laboral y establecieran condiciones dignas para los trabajadores, que fueran competitivas con lo que se paga en Estados Unidos, para que no se hiciera dumping laboral. Es importante señalar que cuando se hizo esta negociación veníamos arrastrando 30 años de una política neoliberal que se centró en dos ejes fundamentales: la miseria salarial, aumentos paupérrimos a los salarios mínimos y contractuales, porque eran inflacionarios, así como la instauración de la subcontratación y con ello la violación sistemática de derechos laborales que abarcó hasta la tercera parte de los trabajos formales de nuestro país. La forma de revertir esta situación se planteó mediante la libertad sindical, en donde la lucha por los derechos lograría ese equilibrio.
Para conseguir este objetivo era necesario que realmente se buscara la libertad sindical y que las autoridades laborales asumieran el papel constitucional que les corresponde, como garantes de los derechos de los trabajadores ante una relación desigual que implica el trabajo asalariado, pues cuando no hay organización obrera el trabajador no cuenta propiamente con herramientas para corregir la aplicación violatoria de la ley, de allí que es fundamental la acción directa y activa del Estado.
En materia sindical se hizo una simulación, pues el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral modificó los criterios para favorecer la continuidad de las centrales obreras y el corporativismo sindical, lo que trajo como consecuencia que subsistan el 90% de los contratos de protección de la gran industria manejados por líderes charros, mediante sindicatos de industria.
La subcontratación, a pesar de la reforma laboral, encontró acomodo y comparsa de las autoridades laborales, al grado de que todavía representa la cuarta parte de los trabajos formales. Un dato que nos llamó la atención fue nuevamente el despido masivo a final de año 2024 (405,000) y la inmediata contratación en enero de miles de trabajadores, fenómeno que se venía experimentando durante todos los sexenios panistas.
Acaba de informar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se cancelaron 1,756 registros de empresa en el REPSE por violaciones a la seguridad social, lo que representa solo el 1,2% del total de 142,000 que se encuentran registradas, es decir, nada, la inspección y el seguimiento de la subcontratación está llena de simulaciones, porque además, el tema de seguridad social no es el único condicionante para perder el registro, pues muchas de estas empresas no cumplen realmente con las hipótesis de la subcontratación, como el hecho de no formar parte del objeto preponderante de la producción, pero no se está revisando, no hay sanciones, no hay litigios, la prueba más contundente de esto es que no hay jurisprudencias que analicen los temas en el poder judicial, porque no llevan a las empresa a pelear estos asuntos.
Solo por mencionar un ejemplo, si una empresa elabora ollas y sartenes, los trabajadores que troquelan las láminas de aluminio se llenan de residuos alrededor durante la jornada, la limpieza de esas áreas el propia de la producción, sino se hace la línea de trabajo se interrumpe por acumulación, sin embargo, las empresas están subcontratando estos servicios de limpieza, dislocando a esos trabajadores del contrato colectivo, abaratando la mano de obra, haciendo el dumping laboral que combatía el T-MEC y con la total complacencia de la autoridades laborales.
Se dice que no hay suficientes recursos materiales y humanos para poder controlar ese volumen de empresas de subcontratación, pero lo cierto es que ese problema lo generaron las propias autoridades el sexenio pasado al permitir ese número indiscriminado de empresas de subcontratación, en contubernio con las cámaras patronales. Seguimos violando el T-MEC laboral.
X: @riclandero | Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM
NOTA. El sexenio pasado la secretaria del trabajo juró y perjuró que la reforma de utilidades no afectaría a los trabajadores, la cual aceptaron en trueque con las cámaras empresariales por la prohibición de la subcontratación, al final ni se prohibió este abuso del outsourcing y la mayoría de los trabajadores ya no están cobrando utilidades. Le mintieron al presidente y a todos los trabajadores de México.