Los seis años de gobierno obradorista dejan una herencia perniciosa en extremo: se puede gobernar mal y a la vez tener aceptación popular. La aprobación popular es uno de los sustentos de los proyectos autocráticos hoy día. En la versión de esta época el respaldo ocurre por el resultado electoral y, también, por un gobernante que actúa, decide y resuelve en consecuencia a las emociones que dominan a la sociedad, en una circunstancia que se caracteriza por el descontento. No hay miedo al cambio, justamente lo contrario, miedo a que el orden de cosas continúe.
Es cierto que la democracia no cobró carta de naturalización en el país. No sucedió en la sociedad, ni con las élites que en su momento fueron promotoras del cambio político democratizador. Uno de los mayores logros en amplia perspectiva histórica fue el arribo de la democracia electoral, esto es, comicios justos, equitativos y competidos. A pesar de su trascendencia pronto perdió aprecio social. Cierto es que en el descrédito de los logros políticos mucho tuvo que ver la persistencia de la desigualdad y la pobreza, también la incapacidad para contener la venalidad y la impunidad, aunque no eran problemas propiciados por la democracia; sin embargo, la magnitud del descontento y la prédica populista impidió diferenciar. Los mejores logros en materia de desarrollo político fueron arrollados por el curso devastador del obradorismo.
El proyecto político prevalece por el respaldo popular al régimen. Permite ganar elecciones y no sólo eso, imponer una visión autocrática con expresiones jurídicas y políticas sustantivas. La oposición institucional con insuficiencias evidentes como es su fragmentación, y liderazgos muy pequeños a la magnitud del reto, ha sido arrollada. Igual ha ocurrido con las instituciones de contención al abuso del poder gubernamental como es el Poder Judicial y los organismos autónomos. Este proceso de destrucción democrática se ha acompañado de la indiferencia de muchos interesados y del aval de la oligarquía, la que ha visto una oportunidad en la destrucción de la legalidad del régimen pasado.
El respaldo popular ocurre por dos consideraciones: la redistribución de la renta y gasto público manifiesto en los pagos monetarias directos del gobierno en beneficio de una parte considerable de la población, el incremento de los salarios y el impacto de las transferencias significativas de los migrantes. La otra consideración se relaciona con la propaganda del régimen, eficaz porque conecta con facilidad con las emociones dominantes de una sociedad poco avenida a los valores de la democracia, factor que también se está presentando con el gobierno de Trump en el país vecino, aunque allá la resistencia judicial y mediática es considerable.
Las mayores debilidades se presentan en el ámbito económico. López Obrador pudo emprender un programa distributivo sin crecimiento a partir del ahorro acumulado durante décadas. Además, en los primeros años las finanzas públicas se vieron fortalecidas por un equilibrio fiscal. Sin embargo, la situación de los últimos años, particularmente el electoral dejan en dificultad mayor a las finanzas. La situación se vuelve todavía más complicada e incierta por lo que pudiera ocurrir en materia comercial por la postura del gobierno norteamericano. Las perspectivas no son favorables, hay quienes las ven como una cuestión de ajuste manejable y otros anticipan una crisis mayor. Cualquiera que sea el caso, hay un cambio importante en el margen de maniobra del gobierno en materia presupuestal, lo que puede reducir aún más el gasto social o el de inversión. Las empresas públicas enfrentan serios problemas que generan una fuerte presión a las finanzas públicas, a la vez que la estrategia de inversión del gobierno en el sector energético no es consecuente con la necesidad de una mayor concurrencia privada.
Tal parece que la propaganda será una de las acciones a privilegiar. Por ahora persiste un amplio respaldo a la presidenta Sheinbaum, robustecido por la manera con la que ha encarado, mediáticamente, la relación con el gobierno norteamericano, aunque las concesiones y la realidad expresa un panorama más adverso de lo que se presenta. La cuestión es que es difícil que haya amplio respaldo popular si no se tienen los recursos para responder a las expectativas de bienestar.
Los sectores económicos están a la expectativa. Los inversionistas no han huido, pero tampoco son expresión de optimismo y confianza. Dos problemas son insoslayables: Donald Trump y el nuevo sistema de justicia mexicano. Lo absurdo es que en lo primero nada había que hacer para contenerlo; lo segundo se dejó pasar por soberbia e ignorancia, explicable para quienes les da por subestimar la complejidad.