Todo este episodio del sexenio está mal: El titular de PEMEX, Octavio Romero, exhibiendo documentos e información sensible en una conferencia matutina.
El presidente sosteniendo una versión de muerte no acreditada por la fiscalía.
Un domingo existencial lleno de reclamos. A nadie beneficia que desde la palestra presidencial se publiquen identificaciones, actas de nacimiento, direcciones, actas de defunción,datos sensibles ni teorías sobre la muerte de quienes ya no están aquí para defenderse.
Mañana podría ser cualquiera, hasta los que simpatizan.
Desde la perspectiva que se analice, esto está mal. Legalmente hay transgresiones.!
Moralmente, ni hablar.
No es justificable éticamente ni jurídicamente, es claro que se están violando derechos fundamentales.
Abrir un expediente así, sin privar información sensible, sugiriendo conclusiones de la muerte de una persona, con acusaciones y exigencias siendo gobierno, es un abuso de poder. No hubo derecho a la defensa por María Amparo Casar. Como en la época inquisitorial, se le juzgó por ser la madre soltera de un matrimonio en el que el pecador fue un “suicida”.
Pemex, como otros sistemas de seguridad social, otorgan PENSIÓN a dependientes económicos por la muerte del titular. Eso es derecho de los deudos, quienes podrían estar en vulnerabilidad por ausencia del principal proveedor.
Aún suponiendo un suicidio, hay un derecho alimentario.
Se olvidó que cualquier cláusula que se castigue el suicidio es INCONSTITUCIONAL.
Ahora, castigar el suicidio (en caso que hubiere existido) o excluirlo de prestaciones ordinarias ante una muerte en detrimento de los acreedores alimentarios es DISCRIMINATORIO, abona a la estigmatización.
¿No es una contradicción pedir que se pague la pensión alimenticia a menores pero exigir que el gobierno deje de cumplir con esto cuando existió un supuesto suicidio?
¿Los menores y dependientes económicos tienen culpa de la crisis de salud mental de sus padres ?
Es absurdo.
Ahora. Si es que en aquel entonces, la Procuraduría no hizo correctamente su trabajo para dictámenes y acta de defunción, eso muestra la tremenda MANIPULACIÓN de la Info real de las muertes.
¿Y si alguien lo aventó de la ventana? ¿Si fue homicidio? Clasifican al gusto.
Ni el suicidio debe ser marca de vida para descendientes ni la duda debe institucionalizarse o peor, justificarse su exhibición.
Resumiendo: tratándose de menores, si el padre muere, ellos son primeros beneficiarios directos de la pensión en cobertura de su pensión alimenticia.
La educación, vestido y ocio se incluye en esto, sea en la universidad o escuela que sea.
Para todos, en capacidad del deudor y necesidad del acreedor.
Para seguir: las cláusulas anti-suicidio son inconstitucionales. Estigmatizar y castigar supuesto suicidio quitando la pensión es discriminación.
La pensión es un derecho laboral que con la muerte no se extingue. El suicidio NO es un crimen,no tendría que descobijar a acreedores
Para terminar: la filtración.
Lo grave de todo esto es que la revelación de datos deja claro que el aparato del Estado no se usa para su funcionalidad sino para investigar opositores y esto es un acto durísimo de censura blanda.
No busca combatir impunidad, solo amedrentar.
Además de que es un delito a la protección de datos personales y privacidad, hablar de un supuesto suicidio sin elementos de prueba, sin esclarecimiento y sin un procedimiento judicial en instancias imparciales también es algo muy miserable, la verdad.
Es censura blanda.