El gobierno anuncia un cambio de régimen político en su Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030; el planteamiento se relaciona con una línea de continuidad respecto de la administración anterior, que se denomina “segundo piso de la cuarta transformación”. En ella se dice que tal mudanza consiste en la separación del poder político del poder económico.
Sin embargo, los hechos de corrupción y su percepción no se correlacionan con tal premisa. Por lo pronto, adviértase la ponderación que recientemente realizó en nuestro país el organismo Transparencia Internacional, para señalar que las respuestas sobre la opinión de la existencia de una menor o mayor corrupción, se inclina abrumadoramente por esta última, en una proporción que excede la del pasado inmediato; al mismo tiempo, se decantan y se conocen datos de procesos dominados por la opacidad y la discrecionalidad a través de la asignación directa de obras y contratos, así como de los excesos abusivos en el costo de las principales construcciones como lo han sido la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya.
Lo anterior, sin considerar el blindaje para impedir acceder a la información respectiva con la determinación de reservar, por razones de seguridad nacional, los datos relativos a distintas obras y procesos de asignación de contratos. Todo indica que parte de ese blindaje se correlaciona con algunas de las reformas impulsadas por la actual administración, a fin de cerrar los circuitos que pudieran dar cuenta de excesos cometidos en el gasto público.
El hecho de la desaparición del INAI cuya acreditación permitió su calificación como un órgano solvente para obtener información pública, dejó un importante hueco para que solicitantes de datos sobre la gestión y operación de las instancias de gobierno pudieran obtenerlos a través de una instancia autónoma, produciendo una reconversión en el sentido de que su función fuera asimilada por la administración central con una perspectiva distinta sobre su capacidad de respuesta; como también sucediera con la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambos con responsabilidades ahora asumidas por una nueva entidad adscrita a la Secretaría de Economía, que muestran a un gobierno ocupado en combatir regulaciones que escapan a su tramo de mando directo, y que pueden propiciar medidas correctivas hacia las decisiones y políticas establecidas por la administración.
En los hechos se trasluce que el gobierno tiene una clara tendencia centralizadora, y un brutal desafecto por la existencia de pautas institucionales fuera de su tramo de control; se trata de una idea de gobierno que se asimila con el deseo incontrastable de lograr un pleno dominio sobre las políticas públicas, su instrumentación, control y evaluación.
La tendencia que manifiesta la administración no se refiere a un solo caso aislado, sino muestra una línea de estrategia que busca justificarse en los aparentes ahorros generados por la desaparición de organismos y de que sus funciones sean ahora absorbidas por instancias preexistentes; ello, sin considerar la aportación que hicieron o representaron cuando operaron, no sólo en el plano económico-financiero, sino también en su contribución a la fortaleza de las instituciones, a la construcción de una interrelación provechosa entre sociedad y gobierno y a una mejor calidad de la vida pública.
Dentro de esa misma perspectiva se encuentra la ahora pausada o postergada reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que encendió las señales de alarma en diversos ámbitos de opinión, por estar imbuida de una naturaleza propia de la censura, la mordaza, la calificación a los medios de comunicación escritos y electrónicos por parte de un gobierno convertido en aparato para amordazar, dentro de una perspectiva encaminada a calificar opiniones, a alinear los puntos de vista, a oficializar a las distintas expresiones, a implantar verdades únicas y de una voluntad de verdad impuesta.
Los focos color rojo motivaron una decisión prudencial del gobierno para detener el atropello mayoritario en el Congreso, encaminado a aprobar, de inmediato, la reforma legislativa; se optó por abrir un espacio para que pueda desarrollarse una consulta y revisión amplia de las implicaciones que tienen las modificaciones planteadas, en el marco de una profunda discusión a desahogarse en el escenario de un parlamento abierto.
A través de distintas reformas impulsadas por el gobierno queda de manifiesto la peligrosa búsqueda por poner en jaque a lo que Popper llamó sociedad abierta, y reconvertirnos en una sociedad cerrada. El proceso para lograrlo consiste en someter a la crítica, diezmar a la oposición, utilizar los medios del Estado para imponer la razón del gobierno y descalificar a cualquier otra razón que muestre su independencia y autonomía.
Todavía resuenan los ecos de aquella declaración del gobierno anterior para denunciar como traidores a la patria a los legisladores que no respaldaron alguna de sus propuestas de reforma constitucional, como también las acciones emprendidas para fustigar a periodistas y comunicadores que opinaron de forma crítica respecto de diversas políticas públicas y de los resultados que arrojaron.
La clara intencionalidad de este gobierno es por sumar atribuciones, monopolizar los instrumentos de control, derruir instancias autónomas y ejercer así un dominio incontrastable. El cambio de régimen que plantea es para arribar a uno de carácter populista-autoritario.