Libros de ayer y hoy
No hay hasta el momento resultados técnicos de lo que sucedió en la Línea 12 del metro, el pasado 3 de mayo. Pero de acuerdo a medios, el recién registrado partido Elige, está subsidiando una denuncia contra presuntos responsables de la tragedia en la que murieron 25 personas, un jovencito entre ellos, Brandon Giovani, de 13 años.
La denuncia la presentó el abogado Teófilo Benitez y la titular del agravio Marisol Tapia, es la madre de la joven víctima. La presencia de este niño sorprendió a muchos por el hecho de que viajara solo a esas altas horas de la noche. Se supo después que el niño trabajaba en ese horario y que sus propios padres consentían la situación. El padre lo tenía trabajando y la madre lo esperaba por la noche. Por lo lamentable de los sucesos, hasta este momento no se habla de fincar responsabilidades a los padres, prevista en leyes de los derechos de los niños. En las notas informativas, la señora lanza acusaciones que hasta el momento no han sido probadas y en algunas de esas informaciones ya se hablaba con anterioridad de que el mencionado partido, que está participando en la campaña electoral con candidatos, le había prometido a la madre de Brandon conseguir “millones” si se presentaba la denuncia.
Polémica denuncia sin tener información confiable
Algo que ha estado claro es el respeto que ha tenido el gobierno capitalino hacia los familiares de las víctimas y la determinación rápida de la cifra que se entregará a estas personas. Pero dos situaciones entre otras, se destacan en el caso de la denuncia que está presentando la señora Tapia para exigir justicia para su hijo; uno, el manejo de información sobre datos personales del niño fallecido que puede violar la ley y la interpretación de esa ley sobre quienes ejercen la patria potestad al respecto y otra, la actitud del INE, al permitir que atrás de una tragedia esté un partido político que está utilizando el hecho al parecer con fines electorales.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 4 de diciembre de 2014 con reformas en 2017 y 20I8, fija claramente las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad y el papel que deben jugar las autoridades. Uno de los derechos de los niños que es la seguridad no fue prevista ante la eventualidad de un accidente, por los padres.
Hay la violación además de la edad límite para trabajar que contempla el artículo 123 constitucional, que no puede ser inferior de 15 años. Los abogados están manejando el caso presuntamente para obtener mayores recursos y de paso, la posible intención del partido que los apoya, de vulnerar la imagen de los mencionados en la demanda, sin que se haya fincado hasta al momento responsabilidad alguna.
Triste protagonismo de los niños. Las autoridades deben de intervenir
En la Declaración de los Derechos Universales de los Niños, la ONU destaca diez puntos fundamentales de los cuales dos son básicos y uno de ellos implica la vida. En el desamparo del menor fallecido, se violaron la negativa al trabajo infantil y el entorno de seguridad que deben tener los infantes.
En el polémico caso actual hay una denuncia civil ante la Contraloría General de la Ciudad de México, en relación a la cual, los organismos que vigilan la aplicación de las leyes de menores, deben de intervenir. Es cierto que el menor Brandon por desgracia ha fallecido, pero lo que está en juego es su nombre para fincar la mencionada denuncia. Las leyes también alcanzan la protección de la memoria.
