Sin duda alguna, hay diversos pendientes para el gobierno de la 4T-4R, nos atreveríamos a priorizar dos temas en la agenda que consideramos estratégicos, pero necesariamente pensamos en un escenario post-referéndum y post elección federal (6 gubernaturas entran en disputa el próximo año). La perspectiva de una ratificación holgada en la presidencia de AMLO, superando las controversias incluso constitucionales que están presentes, más un nuevo triunfo del partido MORENA en por lo menos 4 de las 6 gubernaturas en disputa, consolidarían una correlación de fuerzas y una imagen triunfadora y muy sólida del bloque actual de gobierno para el propio año 2022 y para los dos años restantes.
El Presidente AMLO está en la ruta de asegurar las tres reformas constitucionales pendientes en su sexenio: la eléctrica, la electoral y la de inclusión de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Probablemente los avances electorales de 2023 lo seduzcan a avanzar hacia otras reformas fundamentales para su gobierno, para el proyecto de la 4T-4R después de su sexenio y como parte de su legado: una reforma a la inteligencia de Estado y la seguridad interior, así como, una reforma fiscal.
Los Estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas elegirán gobernadores el año próximo. Las encuestas a estas alturas favorecen al partido MORENA, esperemos a ver la reacción del electorado una vez conocidos los candidatos, puede cambiar, porque el porcentaje de indecisos suele ser amplio en tanto más meses falten para la fecha del evento. Estos resultados ampliarán o no el margen de maniobra táctica y estratégica del Presidente y su gabinete, y por tanto la agenda sexenal deberá ser impactada por ello. La ratificación del mandato del Presidente está fuera de duda, su amplitud se estima también muy holgada, aunque quizá no se alcance el 40% del padrón electoral, será muy significativa, simbólica y legitimadora.
En consecuencia pensamos que con un resultado de este tipo, más un escenario favorable de obtención de 4 a 5 gubernaturas para MORENA, no solo avanzará de manera contundente la expectativa para la consecución de las reformas pendientes, sino la posibilidad de ampliarla hacia otros renglones temáticos que el presidente considere indispensable para fortalecer su gobierno, su manejo de la sucesión presidencial y las bases transexenales del proyecto 4T-4R antes del 2024. Y en ello inscribo o enlisto las reformas a la inteligencia y seguridad en su ámbito interior y la perspectiva de una reforma fiscal que aumente la disponibilidad de recursos financieros para el gasto social en los últimos dos años del sexenio. Ambas son medidas de orden estratégico: mejoramiento de la seguridad por la vía de fortalecer la inteligencia de Estado y la cobertura del gasto social y del gasto en inversión para el crecimiento.
Hemos insistido en este espacio en la imperiosa necesidad de una reforma a la inteligencia nacional que impacte de manera relevante los términos de la lucha por reestablecer la seguridad para los mexicanos reduciendo sensiblemente la influencia en la vida pública y social de las organizaciones del crimen transnacional, del conjunto de sus fortalezas exhibidas, que son factores de poder fáctico usados contra el Estado, sus instituciones sociales y la sociedad misma, especialmente en las regiones del territorio nacional. Pero hemos insistido igualmente en la necesidad también imperiosa de generar una reforma fiscal lo más concertada posible para aumentar la masa de recursos financieros públicos disponibles, porque el proyecto de la 4T-4R los requiere para la amplísima política social propuesta y si es que desea que ella impacte favorablemente la convivencia social nacional reduciendo el margen de maniobra que las condiciones de miseria y marginación extrema ofrecen para las acciones del crimen transnacional, e ir abriendo en paralelo ventanas reales a un proceso de pacificación. Igualmente, para atacar la grave desigualdad social que caracteriza a la estructura social mexicana, con índices de concentración de la riqueza en manos privadas descomunales.
Si los comentaristas y analistas políticos en los medios electrónicos desean materia para documentar “la preocupante polarización” existente, no la deriven de “grillas secundarias”, la que está presente en la estructura de ingresos de la población en México es más que escandalosa y ofrece materia de sobra para documentarla con abundantes comentarios. Se van a lo secundario en lugar de centrar su atención en los grandes temas nacionales.
La Seguridad Interior y la Seguridad Pública son la materia central de países “emergentes” como el nuestro, más aún en “tiempos de cambio”, dado que no tienen problemas severos de límites fronterizos, de pretender hegemonías regionales, ni control de la vida política de otras sociedades y Estados con una cuantía de poder real similar, y al no estar bajo amenaza de una potencia global en cuanto a su integridad territorial y permanencia del Estado Nacional, entendida como variante de la Seguridad Nacional. Dicha Seguridad Interior cuando acusa un proceso prolongado de conflictos, riesgos y amenazas interiores, la estabilidad de las instituciones, la convivencia armónica y la vigencia del Orden Jurídico, por lo tanto, deja en cuestión la estabilidad del Estado y las instituciones públicas, incluida la organización federal del Estado, como en nuestro caso.
Por ello, demanda como primer factor de ordenamiento legal un marco constitucional y reglamentario apropiado para su desenvolvimiento y neutralización de amenazas, más aún en casos como el de México en donde las organizaciones del crimen organizado han logrado una penetración muy amplia en las instituciones del Estado, con énfasis en los cuerpos armados, y logrado una amplia también base social de apoyo y colaboración. Es increíble que el gobierno actual, incluyendo sus dos mayorías legislativas (la anterior y la actual) no perciba esto y mantenga al país en el limbo jurídico al respecto, no obstante que el despliegue de las fuerzas armadas y la guardia nacional se amplifica por todo el territorio de la república. Es urgente la Ley de Seguridad Interior, y una nueva, actualizada Ley de Seguridad Nacional cuyos vacíos de hoy no permitan que obras de infraestructura turística (Tren Maya) sean declaradas temas de seguridad nacional, y que enmarque y delimite perfectamente en términos jurisdiccionales y competenciales la acción de los cuerpos armados y sus responsabilidades conforme al tipo de seguridad que deben resguardar, nacional, interior y pública.
La reforma a todo el aparato de inteligencia de Estado (civil, militar y policial) debe ser una prioridad y de urgente atención, no porque los actuales organismos que la desarrollan sean disfuncionales, sino porque la derrota no violenta del crimen transnacional impone la necesidad de un accionar óptimo de sus estructuras ajustadas a los términos de reorganización y operación mostrados por las organizaciones delictivas, de sus áreas de dominio, de sus alianzas y de su actividad transnacional de blanqueo de capital, así como para desaparecer viejas y opacas formas y contenidos. La criminalidad cambia y ajusta, el gobierno mantiene y preserva. Hay una disparidad que debe cerrarse mediante el conocimiento del adversario.
La reforma fiscal es imperiosa también en una sociedad con el nivel de desigualdad existente en México: el 1.0% de los mexicanos más ricos concentran el 29% del ingreso; si tomamos como referente el 10% más rico, entonces ellos concentran el 59% del ingreso total, un dato brutal (según el PNUD, 2021), lo que hace a México el segundo país más desigual de América Latina. Cualquier país-gobierno sensato trata de cerrar la brecha de esta diferencia de ingresos. En México ella se ha ampliado entre 2012-2018, más de lo que lo hizo entre 2002 y 2012. El Informe de la ONU aparecido en junio de 2021 está disponible. Y El problema de dicha desigualdad se agrava en sociedades en donde el crecimiento económico es exiguo como en México desde hace décadas, y con la pandemia llegamos al peor escenario posible. Uno de los problemas fundamentales de la escandalosa desigualdad social de ingresos y del permanente sobrendeudamiento del Estado mexicano, es justamente la estructura fiscal que propicia dicha concentración, o como dicen los expertos, por la “baja capacidad distributiva del sistema tributario” por la extremadamente desigual carga fiscal y la evasión de impuestos y pagos sobre las ganancias.
Sin que haya promesas de 4T-4R la fiscalidad del Estado para estos propósitos sustantivos es preocupación permanente de cualquier gobierno sea cualquiera también el componente ideológico-político. El Presidente AMLO ha abandonado parcialmente la focalización de los programas sociales y ha vuelto en dirección de la cobertura universal de los mismos, y para ello los recursos que se necesitan para sostener ese enorme esfuerzo presupuestario son inmensos. Hay mucho que cobrar, hay mucho que evitar que se evada, y mucho también mucho, que optimizar del gasto y mucho más que distribuir, pero entre mayores recursos disponibles existan será mejor –sin incurrir en la arbitrariedad ni la persecución fiscal sino por la vía de una reforma lo más consensuada posible, puede lograrse-.
Bien haríamos en México en empezar a discutir sus posibles términos en 2022, como los probables contenidos de la reforma a la inteligencia y la Seguridad Interior, empezando por reconocer y desplegar su gran diferencia con la Seguridad Pública que es la que ocupa la atención principal por falta de claridad teórica, doctrinaria y estratégica. Sin ambos componentes, la lucha contra el crimen transnacional organizado se debilita considerablemente. Los asesores más cercanos al Presidente AMLO harían muy bien en esforzarse en hacer claridad en ello, en la orgánica vinculación entre las variables.