El presidente AMLO llegó a su 5º Informe de Gobierno revestido de una amplia legitimidad, apoyo social y político, así como de un prestigio internacional muy importante. Lo nuevo es el contexto de enfrentamientos con un sector del poder judicial, factor que no estuvo presente en el 4º. Informe, y en un proceso complejo de elección del nuevo abanderado para después de septiembre de 2024 por la 4ª Transformación. Un proceso que en general saldrá razonablemente bien y sin problemas mayores.
A poca distancia de Palacio Nacional, y luego de un proceso ejemplarmente ordenado de transición en el Estado de México, en donde la voluntad política civilizada del gobernador saliente y de la gobernadora entrante fueron determinantes, concluyeron las siete reuniones organizadas para el efecto de mesas de trabajo que abordaron sus respectivos equipos. Con toda la información recabada durante estas reuniones, la gobernadora electa sigue desarrollando su Plan de Gobierno 2023-2028 el cual pondrá en práctica desde el primer día de gobierno en la entidad más poblada de la república mexicana y la de mayor presupuesto público asignado.
Ello estará acompañado y soportado por una reforma a la administración pública del Estado que adecuó la estructura normativa, administrativa y operativa a las necesidades del programa de gobierno, a las proyecciones de la intencionalidad política expresadas por la gobernadora electa y recogidas en su largo bregar por el estado buscando el respaldo popular y luego obteniéndolo.
Dentro de ello, se suprimieron secretarías de gobierno y se crearon otras que expresan las nuevas prioridades del gobierno electo; en otros casos, habrá compactación y fusión de unidades administrativas dentro de lo que fue ya una reingeniería administrativa adelantada a la que seguirá una reingeniería de procesos que economice los costos de transacción al interior de la estructura de gobierno para mejor proveer a la ciudadanía.
La gobernadora electa ha declarado enfáticamente que va a construir y desarrollar un gobierno incluyente para el bienestar. Como sucede al nivel federal, el bienestar es el eje de la voluntad política de gobierno. En este mismo espacio y en una serie de tres columnas periodísticas, establecí mi criterio central durante el mes de abril en el sentido de que los enormes rezagos sociales de la entidad (pobreza, desigualdad y marginalidad social), la brutal corrupción e impunidad estructural, el subempleo y la informalidad económica, más la terrible inseguridad y el enriquecimiento exponencial de la clase política mexiquense, hacen indispensable una revolución del bienestar. No sólo un conjunto de políticas integradas con programas sociales, sino una auténtica revolución del bienestar.
En la historia contemporánea se han registrado etapas de recambio social que modifican drásticamente las relaciones sociales, el entorno político y cultural, el modelo económico vigente, por ejemplo, la “Revolución Verde” que trastocó las políticas agrícolas hasta entonces vigentes y se orientó a lograr la autosuficiencia alimentaria modificando las prioridades y la distribución de recursos en el sector, protegiendo la alimentación de las familias de un país y reforzando al sector conforme a la competencia en los nuevos mercados de alimentos.
La revolución del bienestar conforma una categoría de orden teórico y práctico que rescata la integralidad del enfoque sobre la filosofía y las políticas de bienestar. Parte del enfoque de universalidad. No son solo los programas sociales, es mucho más: la educación, la cultura, la salud, el combate a la pobreza y la desigualdad, la movilidad social, la economía social y solidaria, la seguridad ciudadana, la justicia restaurativa y la seguridad humana. Obviamente en un país oligarquizado como México por élites rapaces que llegaron a la segunda década del siglo XXI con 80 millones de pobres, y en donde el 10% de la población se apropió del 60% del ingreso nacional., el combate a esos brutales flagelos es prioritario, pero la concepción filosófica y las políticas de bienestar constituyen un todo articulado e integrado para que redunden en un verdadero Estado de bienestar para su población, universalmente entendida ésta.
Hablamos de una construcción política e institucional de mediano y largo plazo, en todo el país, y desde el centro y la periferia también. Los esfuerzos tienen que ser multidimensionales y multirregionales. No puede llegar todo desde el centro federal, debe tratarse de un compromiso nacional. Se trata de una lucha de dos generaciones para sentar las bases de una auténtica política de bienestar. El Estado benefactor en Europa Occidental fue una construcción de 25-30 años. Se trató de una región devastada en todos los órdenes por una guerra feroz que emergió de las cenizas literalmente y desarrolló un esfuerzo colectivo descomunal, la concertación entre las fuerzas políticas y sociales fue determinante. No hay soluciones mágicas. Por ello la corrupción, la inseguridad y la impunidad tienen que ser arrasadas del territorio nacional y del territorio mexiquense. De otra manera el bienestar conseguido se vuelve muy importante pero relativo.
Es evidente lo urgente de hacer ajustes muy importantes al modelo económico social y político seguido en el Estado de México. En ello una nueva y más completa política de bienestar es la base de dicho cambio. Estamos en presencia de un modelo concentrador de la riqueza, polarizador en lo social y autoritario y corrupto en lo político. Si no hay justicia social tampoco justicia restaurativa. Para 2020 el 48% de la población mexiquense era pobre (41.8% en 2018), y el 8.2% extremadamente pobre (4.7% en 2018). Empezaba a pegar la pandemia, pero en 2018 carecía de acceso a los servicios de salud el 19.8% de la población, y la cifra creció a 34.2% en 2020; en cuanto a servicios básicos de vivienda, la situación mejoró levemente, de 10.3% a 9.9%, por ejemplo. La tarea es descomunal en salud, en pobreza y pobreza extrema (4.7% en 2018 y 8.2% en 2020). (INEGI)
Es necesario atacar la problemática con toda la fuerza del gobierno, en forma multifacética y en convergencia con las políticas federales de bienestar, sin ideologizar la problemática, sino ahondando en la causalidad estructural. Considero que el gobierno entrante debe reglamentar sólidamente el acceso a los programas de ámbito estatal y municipal, sociales y productivos de apoyo, el uso de sus recursos, la canalización de ellos y de los fondos de fomento, generar indicadores de desempeño y auditar con profesionales externos reconocidos el ejercicio anual de los mismos, así como castigar el uso político de ellos. No a las clientelas electorales en forma determinante. Ello envilece la función creativa del gobierno.
Se ha informado que el Plan de Gobierno no está concluido y que se ha nutrido con toda la información, reflexión y conocimiento, que han suscitado las mesas de trabajo para la transición efectuadas con el gobierno saliente de Alfredo del Mazo. Es normal, pero tendrá ya que establecer las líneas maestras del cambio democrático esperado. Esperaremos a su publicación para conocer toda la intencionalidad política y de gobierno allí vertida para analizarlo.
Enhorabuena para los mexiquenses.