El terror que genera mirar cientos de zapatos y prendas pertenecientes a menores y adulto en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es poco al pensar en que esta realidad desborda los horizontes de lo reportado. Seis lotes de fosas comunes con todo tipo de restos óseos, anécdotas de tortura y exterminio de una víctima que sobrevivió a tres años de privación, en la que detalla que en el lugar, lo mismo había animales exóticos qué devoraban personas así como sicarios listos para asesinar o torturar por trabajo y diversión. Casi 100 casquillos de distintos calibres, incluyendo armas de uso exclusivo del ejército y el hecho de que las autoridades estatales conocieron este espacio hace meses y no fue hasta ahora que se tomaron en serio la responsabilidad de identificación de víctimas y verdad al punto de publicar una lista de indicios en la que hay mochilas, playeras infantiles, pantalones y fotos.
Es burdo el discurso que busca justificar la omisión de autoridades ante estos acontecimientos con las competencias locales versus las federales. El hecho es que el país se desborda en desapariciones denunciadas frente a las que no hay capacidad forense, de investigación y búsqueda de forma coordinada. Hoy se ha anunciado que la Fiscalía General de la República atraerá el caso mientras que el gobernador Pablo Lemus, de aquella entidad, ha evadido durante varias apariciones públicas hablar del tema.
Una de las pruebas marcada con el número 27 se trata de la playera roja que algún día vistió a una persona menor, serigrafiada con una paleta payaso qué contrasta en su alegría por las manchas de tierra y los restos de olvido. Otra lonchera infantil que muestra arrugadas a las princesas de Disney exhibe qué hubo familias completas en aquel espacio. La ironía es que entre los objetos, una mochila de propaganda política del Partidos Verde reza la leyenda “La 4T se pinta de Verde” mientras deja claro que aquel centro de exterminio no pudo haber dejado de operar en 2012.
Más de mil quinientas víctimas y la evidente omisión dolosa del exgobernador Enrique Alfaro con la complicidad de su sucesor Pablo Lemus tendría que obligarles a enfrentar responsabilidades. En la cartografía de la atrocidad, una fotografía aérea muestra que todo el tiempo, la tortura operaba a techo abierto. A plena luz y miradas de quien pudiera haber pasado un drone. Si es que la omisión pudiese calificar se tan extrema al grado de ser denominada complicidad, ningún titular de Seguridad, Fiscal ni gobernador qué haya ejercido funciones entre los años de operación de este sitio podría estar en paz.
La ley de la verdad
El fenómeno de reclutamiento forzado, secuestros, tortura y desaparición forzada no es nuevo en Jalisco. Este acontecimiento se suma a un largo historial de notas dramáticas qué van ocurriendo una tras otra sin que algo pase.
Al final, la esperanza es la que en realidad, no pudo llegar para todos. En medio de condiciones precarias, ese campo podría estar lleno de personas migrantes o de jóvenes que fueron víctimas del reclutamiento forzado denunciado desde hace tiempo, que se coloca por primera vez de forma tan cuenta en el debate tras la masacre de Lagos de Moreno ocurrida el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando al menos seis jóvenes fueron privados de su libertad, y luego fueron encontrados los restos de cuatro de ellos en un predio baldío al que le han llamado “La ley de la verdad” como homenaje a lo sucedido, quienes no tienen sentencia al momento y cuya garantía de no repetición ha sido sistemáticamente violada.
En aquel entonces, los restos de cuatro desaparecidos fueron encontrados con signos de tortura en un predio que era tienda de abarrotes llamada “La Ley del Monte”, camino a la presa “La Sauceda”, apenas a unos 9 kilómetros del centro de esta ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Supuestamente, la versión oficial indica que el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación de Lagos de Moreno dio la orden de levantar al azar a cualquier joven que estuviera en la calle la noche del 6 y madrugada del 7 de julio, supuestamente porque su auto tenía un “cristalazo” y le robaron una mochila con objetos de su acompañante. Los indicios demostraron que al ser llevados a la “Ley del Monte” fueron brutalmente torturados, mientras que unos terminaron decapitados, otros fueron desintegrados con ácido y lanzados al río que pasaba atrás de la finca.
De nuevo sucedió en agosto de 2023 cuando cinco jóvenes desaparecieron y fue exhibida una red de reclutamiento forzado para las filas del narco mediante ofertas falsas de trabajo que ofrecían atractivos sueldos para puestos de seguridad o “Call Centers”, cuyos jóvenes desaparecían tras atender a la primera entrevista de trabajo. El hecho es que como ayer, nada ha cambiado. La realidad se hace aún más brutal y lo que hoy observamos son más de diez años de impunidad en Jalisco, más de diez años de desapariciones forzadas sin atención, más de diez años con cadenas de omisiones y silencio. Apenas, la punta de una realidad que parece ser mantenida oculta por las autoridades estatales e invisible para las federales qué se han negado a la intervención contundente. Como si vivir en un Estado gobernado por la oposición fuese suficiente infortunio para no recibir seguridad y justicia. La cuestión no es únicamente si la Fiscalía General de la República de Gertz Manero logrará esclarecer lo que sucedió a los posibles más de 1500 desaparecidos en aquel rancho. La cuestión es que tipo de acciones se tomarán para realizar dos cosas fundamentales:
1. La búsqueda exhaustiva en todo el territorio jalisciense de más fosas, tarea que ha quedado delegada a las familias y colectivos de Búsqueda que hacen lo que el Estado no puede -o no quiere hacer.
2. La política pública de búsqueda, combate, prevención y verdad que urge implementar para la seguridad en aquel territorio. Una coordinada, que cuestione los vicios de las estructuras que han imposibilitado detener esta atroz realidad.