De forma secuencial e irrefrenable ocurre un traslado hacia un modelo de Estado autoritario que rompe los contrapesos del régimen republicano; es decir los equilibrios y la división entre poderes.
Se trata de una trama cuyo despliegue ocurrió desde el basamento de una mayoría política convertida en super mayoría; transmutación que hizo posible convertir el porcentaje de votos alcanzado por el partido en el gobierno y sus aliados, ubicado en el 54%, para reconvertirse en más del 75% de la representación en la Cámara de Diputados.
La polémica inherente a ese hecho fue intensa y controvertida, pero venció los criterios teleológicos que claramente apuntaban a acotar la existencia de un dominio político de tal dimensión en la cámara baja del Congreso, y que, por el contrario, apuntaban a afirmar la pluralidad política; la aplicación de un ramplón criterio positivista y de apego a la literalidad de la norma, y con franco descuido de su contenido axiológico, condujo al binomio de la subrepresentación para la oposición y de la hiper representación para favorecer al partido en el gobierno con sus aliados.
Una vez que eso ocurrió se rompieron las barreras que podrían haber frenado o matizado la realización de reformas constitucionales; pues la sobrada disposición de una mayoría calificada para el gobierno y sus aliados, la existencia de una disciplina férrea entre los legisladores que integran esas bancadas, así como el contar con la mayoría de los gobiernos estales y de sus bancadas locales, ha permitido que el tracto de las reformas constitucionales pueda avanzar y concretarse a la manera de lo que ocurre con las leyes ordinarias, conforme a las intenciones del gobierno, sin importar que éste haya o no planteado dichas propuestas en la campaña electoral.
Todo ello fue posible cuando el tema de la super mayoría en la Cámara de Diputados se concretó, y cuando en el Senado se hizo uso y abuso de los recursos que el pragmatismo más rampante y descarado permite para capturar los votos que les hacía falta para obtener, ahí también, la mayoría calificada para reformar la Constitución; en una cámara se logró una super mayoría de manera legalista; en la otra cámara se logró lo mismo de forma descarada y burda. En los hechos, se deshizo el contrapeso del Congreso y, desde esa plataforma, se encaminó una reforma del poder judicial para culminar la ruptura de los equilibrios entre los poderes.
El vestigio que quedaba para detener la reforma judicial por medio del recurso de amparo y de la posibilidad de control de la constitucionalidad, fue abatido por la vía de una nueva reforma para establecer la irrevocabilidad expresa de reformas constitucionales que hubiesen sido aprobadas conforme a lo dispuesto por la propia Constitución. Se completó así un círculo que garantiza la primacía del poder ejecutivo sobre los otros poderes y que, en los hechos, reduce la función del Estado y del gobierno a la tarea presidencial, mediante el sometimiento a él de los poderes legislativo y judicial.
Un pequeño rasero de independencia frente al presidencialismo omnímodo quedaba con la participación de los llamados organismos constitucionalmente autónomos, pero una nueva reforma constitucional lleva a la desaparición de 7 de ellos, lo que de un plumazo conducirá a eliminar escollos que permanecían para atemperar los excesos del presidencialismo, como sucedía con la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Acceso a la Información, mismos que han sido desmantelados, junto con otros. Se elimina así espacios que daban pábulo a la fortaleza del Estado y a la profesionalización de la gestión pública.
Es de suponerse que dos de los que se mantienen, como lo son el Banco de México y el INE, conserven su autonomía constitucional, pues ahí se encuentran asideros troncales de nuestra solvencia monetaria y financiera, así como de la pluralidad y competencia político-electoral que todavía existe. Pero en este despliegue de autoritarismo nada ni nadie tiene la vida segura.
La vieja visión arropada por el marxismo-leninismo hablaba de tomar la maquinaria del Estado para que con sus propios instrumentos se prepara la fase de transición hacia el régimen revolucionario; sí, se habría de suprimir o aniquilar al Estado, pero diferían con los anarquistas en el sentido de que ello no pasaría de una manera simple; de ahí la necesidad de tomar dicha maquinaria para preparar una nueva que permitiera ampliar la democracia con sentido revolucionario y desarraigar el burocratismo. Algo de eso parece ocurrir ahora.
En efecto, se toma la máquina del Estado y desde esa base se prepara una nueva.