La justicia social es un concepto que tiene que ver con la igual dotación de oportunidades, libertades y derechos humanos a todas las personas para que, en condiciones de equidad y en ejercicio de su libre voluntad, puedan desarrollarse y realizarse hasta el máximo de sus capacidades y en paz. Se trata así de un presupuesto lógico y necesario de todo tipo de desarrollo humano.
Por lo mismo, su eventual consecución no puede hacerse depender de pretendidos méritos o condiciones accidentales que trastoquen o socaven la referida equidad en sus posibilidades de existencia o gradual avance en beneficio de todas las personas.
Casi cincuenta años han pasado desde que en 1972 John Rawls publicara “Una Teoría de la Justicia” como un intento de imaginar una sociedad justa desde su diseño original equitativo y sustentado en dos principios básicos de justicia social.
El primero, consistente en esa dotación igualitaria ya referida de libertades, derechos y oportunidades a todas las personas. Y el segundo, en que las diferencias materiales existentes entre individuos solo son justificables si se hacen operar en beneficio de los menos favorecidos.
La justicia social así entendida, se cruza indefectiblemente con la justicia distributiva como medio para arribar a la primera y no solo respecto de elementos o satisfactores ideales, axiológicos o meramente conceptuales, sino materiales también, como es el caso en relación con los denominados derechos sociales.
La transparencia, en tal medida, como conjunto de prácticas aplicables al terreno de lo público, a la que subyacen el derecho de acceso a la información, a la rendición de cuentas, a la buena administración, a un ambiente libre de corrupción y, por interdependencia e indivisibilidad, muchas otras libertades y derechos cuyo ejercicio y disfrute tiene la capacidad de potenciar; en ese sentido, la misma se relaciona de modo directo con el mantenimiento de la equidad como principio y con su garantía.
Materializada en apertura institucional y debidamente puesta al servicio de las personas, la transparencia tiene la virtud de dar certezas que no solo empoderan a la gente, sino que son necesarias al momento de decidir, tener que reaccionar y mucho más en estados de necesidad, vulnerabilidad o marginación.
Del mismo modo, la transparencia pone el foco sobre las decisiones públicas y sus justificaciones, por lo que tiene el poder de desincentivar la corrupción como conducta corrosiva de la confianza pública, la legitimidad institucional y destructora del equitativo acceso a oportunidades y servicios.
Por tanto, la plena apertura del Estado con base en la debida asunción de la primacía de las personas y la aprehensión profunda de una cultura de los derechos humanos y de la transparencia por parte de todas y todos como una importante vía para abonar, desde el acceso a la información y la libertad de expresión en sus múltiples proyecciones ideales y materiales, a la realización de una justicia social que trascienda la tinta del texto constitucional.
Una justicia social que sobre la base de la equidad nos permita a todas y todos construir y construirnos un mejor mañana.