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El estrés hídrico que hay en gran parte de México está provocando conflictos sociales, disputas entre entidades federativas por el agua, como el que se está presentando en la actualidad entre los estados de Chihuahua y Tamaulipas, donde el primero se niega a que el vital líquido se destine a los agricultores tamaulipecos alegando que el bien es reservado en gran parte para dar cumplimiento al Tratado Internacional de Aguas de 1944 y otra parte para consumo local.
El Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos firmado el 3 de febrero de 1944, establece que México asigna agua a Estados Unidos del Río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del Río Colorado.
El acuerdo signado entre los dos países hace 79 años específica que la contabilidad en la entrega de agua a los Estados Unidos se lleva por ciclos de cinco años consecutivos y, en caso de sequía extraordinaria, los faltantes que hubiere se reponen en el ciclo siguiente. El tratado también menciona que, cuando la capacidad asignada a Estados Unidos en las presas internacionales se llena con agua de su propiedad, en ese momento termina el ciclo y todos los faltantes se consideran totalmente cancelados.
El Tratado de Aguas de México con Estados Unidos, habla que el país azteca debe entregar a su vecino, en cada ciclo de 5 años, un total de 2,158.5 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio de 431.7 millones de metros cúbicos por año.
El pasado mes de febrero Conagua reconoció que México tiene un déficit de 535 millones de metros cúbicos con Estados Unidos lo que significa que en este quinquenio no se ha entregado ni la mitad de la cifra comprometida en el acuerdo.
Lo que solicitan los productores tamaulipecos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que se puede realizar un proyecto para bajar agua del estado de Chihuahua, particularmente de las presas La Boquilla y Luis L. León, para llevarla al cauce del Río Bravo que deposita sus aguas en la Presa Internacional de La Amistad y que en esas presas que se encuentran en la entidad federativa donde gobierna María Eugenia Campos se haga trasvase del vital liquido a Tamaulipas.
El proyecto original consiste en extraer de la Presa Luis L. León, de Chihuahua, al menos 120 millones de metros cúbicos, para destinar una tercera al pago a los Estados Unidos, y tras la “ordeña” llevar aproximadamente 70 millones de metros cúbicos a La Amistad.
Desde el 2012 el entonces secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Jorge Reyes Moreno, anunció que buscaban trasvasar de las presas de Chihuahua para sembrar las 210 mil hectáreas del 025.
La extracción de volúmenes mayores de agua de las tres principales presas de Chihuahua, en medio de una prolongada sequía en ese estado del norte del país para dar cumplimiento al Tratado de Agua de 1944 entre México y Estados Unidos, provocó que los campesinos de la región se organizaran en septiembre del 2020 para protestar al considerar que faltaría el líquido para el siguiente ciclo agrícola.
Los agricultores chihuahuenses fueron azuzados por políticos del PRI y el PAN, entre los cuales se encontraban exgobernadores de esa entidad federativa, así como diputados y el entonces jefe del ejecutivo estatal, Javier Corral lo cual causó que las manifestaciones contra el gobierno federal fueran violentas con enfrentamientos entre población civil y la Guardia Nacional.
Para entender las causas del problema nos tenemos que referir al pésimo manejo que se tuvo en las pasadas administraciones federales con la distribución del agua, en donde priva la corrupción en las concesiones del vital líquido en una zona en donde es escaso este bien, lo que significa el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos y el cómo se están aprovechando de este conflicto los partidos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación.
El contar con una concesión en una zona con estrés hídrico, como es Chihuahua, puede significar un negocio millonario y por eso en esa región del norte del país se creó un mercado negro del agua en donde ronda la corrupción con falsificación de documentos, un diseño de entramado legal y la mala utilización de decretos presidenciales para poner pozos aparentemente “dentro de la ley” , siendo los principales beneficiados grandes empresas agrícolas que muchas veces están emparentadas con el poder político.
El expresidente Enrique Peña Nieto firmó en abril de 2013 ocho decretos con lo que quedaba prohibido hacer pozos para extraer agua sin contar con una concesión federal previa. La ley expedida por el ejecutivo federal señalaba también que aquellas personas que antes de la expedición del decreto contaran con pozos construidos contaban con 60 días para registrar la obra, y a quienes realizaran este trámite se le entregaría una constancia de registro de libre extracción de líquido.
Entre 2013 y 2014, en Chihuahua se registraron 2 mil 140 constancias, de acuerdo con datos que se pueden consultar en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). De 2015 a 2018 se registraron otras 2 mil 194. Muchos de estos registros se dieron sin constatar si existían los pozos, además de que hay constancia de que estas concesiones se dieron en lugares vedados por la ley.
Un buen ejemplo del corrupto manejo del vital líquido en Chihuahua nos lo da el acuífero El Sauz-Encillas, el cual tiene déficit desde hace casi 23 años, pero esto no impide que en ese lugar se registraran 40 constancias de libre alumbramiento tan solo en 2013; 31 de ellas se repartieron solo entre dos empresas: Agroindustrias BVM S.A. de C.V. y Ronsi S.A. de S.C. Ambas compañías tienen algo más en común: su accionista mayoritario es Sergio Aguilar Weber, empresario cercano al exgobernador César Duarte.
Agropecuaria La Norteñita, que es una empresa dominante en la producción de manzanas, consiguió a través de juicios en contra de Conagua 84 títulos de concesión que le autorizan a tener una misma cantidad de pozos para extraer al año hasta 25 millones 200 mil metros cúbicos de agua del acuífero de Laguna de Santa María, con veda desde 1979, en el municipio de Ascensión.
Fueron 84 nuevos títulos que le concedieron a la empresa Agropecuaria La Norteñita que se sumaron a los 33 títulos que ya tenía la compañía; sin contar las varias decenas de concesiones que están a nombre del fundador de la compañía Salvador Corral Piñón.
Chihuahua es el principal productor de nuez en el país, pero el problema con el nogal, en una zona desértica como lo es esa entidad federativa, es que para producir un kilo de ese fruto seco es que se requieren 7 mil 500 litros de agua, de acuerdo con datos de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Para la producción de nuez se extrae agua de pozos ilegales, lo que ocasiona una sobreexplotación de los acuíferos que ha provocado la escasez hídrica.
La disputa entre Tamaulipas y Chihuahua por el vital líquido, se tiene que solucionar de inmediato con la revisión del marco del Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, frenando la corrupción que existe desde hace muchos años en el manejo de las concesiones de agua y buscar una distribución más equitativa del bien hídrico sin que intervengan políticos que solo buscan sus intereses en perjuicio de productores.