La polémica acusación hecha por la Casa Blanca el sábado pasado ha provocado revuelo en la opinión pública. No contento con anunciar la imposición unilateral de aranceles contra México y Canadá, lo que es, huelga señalar, violatorio del T-MEC, el presidente Donald Trump aseveró en su comunicado que el gobierno mexicano mantiene un contubernio con los cárteles de la droga.
Se trata de un asunto controversial, sin duda. Si bien no existen elementos probatorios sólidos en favor de ese argumento, sí que se ha hecho eco de incidentes que apuntarían, a juicio de algunos, hacia una posible connivencia; desde los reportajes dirigidos por Le Monde y el New York Times, hasta las propias declaraciones del gobierno de de Estados Unidos; amén de la política de “abrazos no balazos” y el incremento desmedido -y documentado- de la producción y tráfico de fentanilo hacia el vecino del norte.
¿Cómo puede explicarse el control de una tercera parte del territorio nacional por parte del crimen organizado sin la complicidad de las autoridades públicas? El lector tendrá su respuesta.
En adición, el caso de García Luna ha puesto de manifiesto la probable profundidad de la penetración del poder de los criminales en las altas esferas del gobierno mexicano. El régimen, desde luego, lo ha negado, mientras todos los gobernadores y demás miembros del partido han repudiado al unínoso lo que ellos han calificado como infamias por parte del presidente Trump.
El trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad ha sido bien valorado por los mexicanos. Según ha trascendido, Omar García Harfuch ha encabezado una aparentemente exitosa campaña de decomiso de drogas. Así ha sido reportado por los medios de comunicación nacionales y por los propios canales oficiales. Ha marcado un importante viraje de la estrategia en relación con el gobierno de López Obrador. Sin embargo, el tiempo ha sido corto y los resultados, en el mejor de los casos, limitados.
Por lo tanto, ante el pavoroso panorama que se avecina tras las declaraciones de Trump (en el momento de la redacción de estas lineas la presidenta Sheinbaum acaba de anunciar la suspensión temporal de los aranceles) y del pronunciamiento de Washington sobre los cárteles como organizaciones terroristas, Sheinbaum y su gobierno están obligados a demostrar a México y al mundo que ellos, a diferencia de sus antecesores, no abrazarán a los criminales, sino que pondrán todos los recursos del Estado para garantizar la paz, la seguridad y un espacio de colaboración con los dos socios de América del Norte.