La nueva infraestructura naviera para grandes cruceros contemplada en el Pacífico sudcaliforniano, tiene la prioridad las jugosas ganancias para concesionarios. Más allá del beneficio, prestadores de servicios temen que sus actividades sean afectadas. Académicos les preocupan los daños en ecosistemas que presentan, en algunos casos, daños por el tráfico marítimo, como la expulsión de mamíferos marinos y grandes peces como el tiburón ballena.
El domingo que pasó el activista Alekz Aguila lanzó una pregunta medular en torno al tema de los megacruceros y al actual Gobierno de Baja California Sur: “¿Dónde está ese combate al modelo neoliberal?”. Es interesante porque el plan de instalar puertos para estas embarcaciones no viene del gobierno del panista Carlos Mendoza Davis (2015–2021) sino que fue un tema en la agenda pública durante el sexenio del petista Narciso Agúndez Montaño (2005–2011).
La protesta de Colectivo Torpedo es una reacción a la política pública de aprovechamiento de las leyes neoliberales aprobadas por el Estado mexicano en el periodo priísta y continuadas durante el periodo panista. Se creó la Ley de Puertos en 1993, como lo he comentado en este espacio, con la que nacieron las Administraciones Portuarias Integrales (API), también nacieron la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así como las direcciones generales de Puertos, Marina Mercante y de Capitanías.
Antes administrados por la Federación, la reforma permitió comenzar con esquema de concesiones que permitía a gobierno estatales manejar los puertos de sus entidades. En nuestra entidad ocurrió a través de la creación de la paraestatal Administraciones Portuarias Integrales (API) de Baja California Sur SA de CV, el 11 de julio de 1997, en ese entonces el representante legal era el exgobernador Guillermo Mercado Romero.
En el capítulo II del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con las condiciones de la concesión dejando claro en el séptimo artículo:
“(…) Los derechos concesionarios de uso, aprovechamiento y explotación del área concesionada no podrán ser objeto de gravámenes, pero estos sí podrán constituirse, en favor de terceros que sean gobiernos o estados extranjeros, sobre los derechos económicos derivados de la concesión, los cuales comprendan los activos pecuniarios, los ingresos que celebre por los servicios que preste terceros (…)”.
Carlos Mendoza Davis se dedicó a realizar un otorgamiento de las concesiones dentro del puerto de Pichilingue. API-BCS de la mano José López Soto abrió varios concursos públicos, entre los que destacaron el APIBCS/GNL/01/18, con la intención de “adjudicar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones para la construcción, equipamiento y operación de una terminal de uso particular, especializada en el manejo y almacenaje de Gas Natural Licuado de importación”.
Luego, dos años después, lanzó la convocatoria APIBCS/02/20. Los interesados deberían pagar 500 mil pesos. El ganador sería el que propusiera una más inversión para obras y equipamiento, quedándose con la posterior operación del puerto para cruceros turísticos por 25 años.
La ganadora fue ITM Group y Carnival Corp que no solo ofrecerá servicios para estos enormes hoteles flotantes, sino que el complejo turístico-portuario podrá efectuar “actividades recreativas, culturales, gastronómicas, deportivas, comerciales y de esparcimiento, en el área que actualmente ocupa la infraestructura administrativa y operativa de la API-BCS en el puerto de Pichilingue”, se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental entregada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
Actualmente, el hijo del exgobernador Agúndez Montaño, Narciso Agúndez Gómez, es el director general de API. En una entrevista dejó claro que seguiría los planes de su padre, al comentar en sus primeros días al frente de la paraestatal un muelle para cruceros en isla Margarita.
Durante el gobierno Agúndez Montaño se manejó una Estrategia de Cruceros del Estado de Baja California Sur, en el que se muestra un proyecto esquemático para conjugar la base naval de Puerto Cortés y el muelle para cruceros que sería manejado por Carnival Corporation. El proyecto quedó congelado y es hasta ahora que la idea de colocar un home port en el área de la comunidad dedicada a la pesca y al ecoturismo.
Hace unas semanas anunció que API buscará en 2022 el financiamiento para el proyecto en Puerto San Carlos, con el nombre de “Pueblo Marinero” que, al igual que en Pichilingue, contaría con servicios comerciales, restaurantes y espacios de recreación turística, dejando muy poco margen de ganancia para los empresarios locales en tierra. Se necesitan 139 millones de pesos para realizarlo.
¿Debemos aceptar la continuación de la política de incentivar la presencia de empresas privadas transnacionales en los recintos portuarios para impulsar el turismo de cruceros? ¿Vale la pena para quienes habitamos las zonas absorber las posibles afectaciones ambientales de la presencia de estos megacruceros en mar y aire para impulsar el negocio que beneficiará en mayor parte a los operadores privados del puerto? ¿Cómo afectará a quienes ofrecen servicios turísticos de paseos para la observación de tiburón ballena frente al acaparamiento de desigual de los turistas que antes bajaban a la ciudad?
Justo el 20 de enero cierra la consulta pública sobre el proyecto de ampliación del puerto de Pichilingue que consistirá, de aprobarse, de la demolición y desmantelamiento de las actuales oficinas administrativas de API-BCS para establecer otras instalaciones para contener a la paraestatal. Se ganará terrenos al mar para colocar la infraestructura demolida, así como la edificación de un centro turístico, dragado y ampliación del muelle de usos múltiples número 2, todo en 36, 772 metros cuadrados.
Por ahora, el hijo del exgobernador Narciso Agúndez dijo que no realizará una auditoría a la pasada dirección general panista, por no contar con recursos para efectuar dicha acción para transparentar las finanzas de la empresa de Baja California Sur.
Pese a que los procruceros presumen derrama económica que llegaría a La Paz, lo cierto que la desigualdad social es parte del proceso neoliberal. No se habla de la precariedad laboral, la escasa regulación local e internacional y la poca responsabilidad social y ambiental de los consorcios (Ojeda,2020).
El cuestionamiento de Colectivo Torpedo es acertado: ¿Acaso el neoliberalismo mutó con una cara más social y amable con el gobierno de Víctor Castro Cosío y continúa infiltrado en la estructura gubernamental?