Cuando me dijeron que Samuel García, gobernador de Nuevo León, le estaba dando información falsa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para avanzar su agenda de ser candidato a la Presidencia, francamente lo dudé. Pero a las horas vi un video de él, en donde de manera petulante decía que ya no requeriría del PRI ni del PAN – mayoría en el Congreso de Nuevo León- para que le aprobasen su licencia temporal al cargo y poder competir por la Presidencia de la República.
En este mismo video, el gobernador, decía que “sacándole provecho a mis tres doctorados me fui directo al Tribunal para que me dé el derecho en una sentencia” (sic). El gobernador multi-doctorado parecía haber encontrado una forma de “ya no ocupar” al Congreso de su Estado ni a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Con ese video tan fatuo (… ¡¿Quién hace, y peor aún, quién presume tener tres doctorados?!) pero con la noticia de un gran descubrimiento jurídico para salvar al Congreso y las leyes de Nuevo León (N.L.) me di a la tarea de buscar la fórmula que había encontrado el Dr. (x3) Samuel García.
Lo que encontré, en la respuesta a la demanda JDC-457/2023, del escrito del Congreso de N.L. al TEPJF, firmado por su presidente, Dip. Mauro Guerra, me dejó perplejo: el gobernador había ingresado al TEPJF un escrito con mentiras y hechos falsos para conseguir su licencia.
En estos tiempos hemos visto medias verdades desde la mañanera presidencial, discusiones sobre la exactitud de las tesis de titulación de connotados servidores públicos, pero NUNCA habíamos visto que un gobernador tratase de engañar a los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Es un nuevo nivel de bajeza política insospechado.
Primero, el gobernador se avienta el tiro de decirle al TEPJF que presentó, ante el Congreso, una solicitud de licencia –sin dar fecha de esta-. La realidad es que NUNCA presentó dicha solicitud y por ella no hay fecha ni la exhibe. Ese escrito de existir lo tendrían desde luego, además del oficial mayor del Congreso, todos los medios de comunicación.
Segundo, presenta un dictamen falsificado del Congreso –del año 2022 con respecto al Municipio de Hidalgo, N.L.- para hacerlo pasar como un dictamen nuevo, de “septiembre del 2023″, en el que dice la intención es no otorgarle la licencia para buscar la Presidencia.
Tercero, inventa un escrito presentado a la Comisión de Gobernación, de fecha 2 de junio del 2023, (hace meses pues…) en el que pedía una licencia temporal por 6 meses.
Total que el gobernador de N.L.-según consta en oficios- ha inventado y/o falsificado escritos, dictámenes oficiales y solicitudes de licencia. Todo ello para que se pueda inscribir a la contienda presidencial y su lugar quede ocupado, interinamente, por su secretario de Gobierno y no quién el Congreso defina basado en las leyes locales.
¿Hacer trampas es lo que aprendió el gobernador con sus “tres doctorados”? ¿Este es el nivel que va a tener la contienda presidencial del 2024? ¿Es aceptable tratar de engañar a los siete magistrados del TEPJF? ¿Es el futuro que nos espera con los nuevos y jóvenes políticos mexicanos?
Ya se ha hecho la denuncia por la falsificación de documentos y desde luego el tema va a ser investigado a fondo por las autoridades. Algún responsable debe de haber. Es probable que ahora que todo esto se hace público el gobernador culpe a quien presentó la demanda ante el TEPJF: Ulises Carlín de la Fuente, su consejero jurídico del gobernador. Pero la realidad es que el video de los tres doctorados incrimina directamente al gobernador. No se puede permitir este tipo de engaños ni a la opinión pública ni a los jueces y magistrados federales del país. Pronto sabremos qué pasará.
