Sin temor a exagerar, la reforma al Poder Judicial es quizás las más perjudicial en la historia reciente de México. No solamente no coadyuvará a la resolución de las problemáticas estructurales relacionadas con las deficiencias en la impartición de justicia, sino que añadirá nuevos elementos de profunda preocupación relacionados con la independencia de los jueces y la intromisión del crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido esta herencia maldita como parte del legado de su antecesor. Como si se tratase de un mandato escrito en piedra y consagrado en las tablas de la ley, la jefa del Estado mexicano ha dado cauce abierto sin presentar el menor obstáculo ni modificación a lo planteado por AMLO aquel 5 de febrero, y sin haber intervenido ni indirectamente en los trabajos de las Cámaras.
De igual manera, Sheinbaum y su gobierno hicieron caso omiso ante las peticiones hechas por el INE en relación con sus insuficiencias presupuestales y los tiempos electorales.
Todo ha resultado en un bodrio muy costoso. Tras el inicio de las “campañas” se han visto “candidatos” muy coloridos, como ese que circula en las redes asegurando que está más preparado que un chicharrón o la candidata chihuahuense que no habla precisamente sobre su trayectoria como abogada.
Y no habrían podido hacerlo de otra forma, pues las propias limitaciones impuestas por la ley y la desnaturalización del carácter de juristas de los propios candidatos les ha obligado a recurrir a esas payasadas.
Otros han hecho campaña haciendo mención del número que les ha sido asignado y el color de la papeleta que les corresponde. Patético. Insisto. No tenían opciones ante semejante ocurrencia de reforma.
Frente a este panorama lamentable, la presidenta Sheinbaum y su gobierno deberán hacer frente también a las aranceles de Trump y a las locuras del desquiciado presidente estadounidense, sumado a la crisis presentada por el caso de Teuchitlán.
¿No han considerado la presidenta y la elite morenista siquiera la suspensión temporal del esperpento de elección judicial? ¿No han caído quizás en la cuenta de que el país no puede cargar con el peso de un nuevo problema autoimpuesto?
Se entiende bien que es ahora demasiado tarde y que resultaría complejo “contravenir” el mandato constitucional en términos de tiempos y calendarios. Ahora bien, ¿les importa lo que dicta la ley? Se vale disentir.