Las imágenes eran claras, las palabras firmes, y el mensaje directo: Estados Unidos ya no tolerará el paso libre de migrantes ilegales a través de México. El spot televisivo, producido por la administración Trump y transmitido en horarios estelares de la televisión mexicana, no decía nada que no se supiera, pero lo dijo con la contundencia que suele distinguir al expresidente –ahora presidente otra vez- Donald J. Trump. Para muchos fue un gesto de claridad; para otros, una provocación.
En México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respondió como si de una agresión se tratara. La consecuencia fue inmediata: una reforma a la Ley de Telecomunicaciones presentada con urgencia, bajo el pretexto de proteger al país de “propaganda política extranjera”. La ley -concentradora, ambigua y de tono defensivo- parece no solo una reacción al anuncio estadounidense, sino una expresión de inseguridad institucional frente a la narrativa fuerte que Trump ha instalado sobre la crisis migratoria.
El spot fue transmitido en múltiples canales, en horarios de máxima audiencia, y según ha señalado el periodista Salvador García Soto, incluso apareció mientras se informaba sobre la detención del alcalde de Matamoros, una coincidencia simbólica que subrayaba el punto central del mensaje: hay una crisis, y alguien tiene que poner orden. Trump no dijo nada falso. No insultó al pueblo mexicano. Señaló, como jefe de Estado, que Estados Unidos tiene el derecho y el deber de poner límites. ¿Molesto? Tal vez. ¿Inexacto? En lo absoluto.
Un mensaje que cruzó la frontera: Trump, Sheinbaum y la ley del nerviosismo. Lo preocupante no es el mensaje, sino la reacción del gobierno mexicano. En lugar de responder con diplomacia o argumentos, respondió con legislación apresurada. Una ley que, lejos de fortalecer la soberanía, la pone en entredicho al otorgar al ejecutivo facultades para bloquear contenidos digitales y censurar emisiones sin contrapeso judicial claro.
La ironía es que esta respuesta -pretendidamente soberanista- termina por debilitar la imagen de México como democracia sólida y abierta. Lo que debió ser una discusión racional sobre el papel de los medios en un entorno de creciente interdependencia regional, se convirtió en una carrera por blindar al gobierno de cualquier narrativa externa que lo incomode.
La administración Trump, al emitir ese mensaje en televisión mexicana, no hizo otra cosa que ejercer el derecho de comunicar su política a su propio electorado -el mismo que sintoniza Univisión o Telemundo desde el sur del río Bravo. Que ese mensaje haya llegado a los hogares mexicanos fue, más que una injerencia, un reflejo del ecosistema binacional en que vivimos.
Pretender silenciarlo no solo es inútil, sino revelador.
Al final, esta reforma no dice tanto sobre Trump como dice sobre Sheinbaum: que su gobierno no se siente preparado para enfrentar, con argumentos y estrategia, una narrativa que le cuestiona. Y que, ante el primer gesto de fuerza desde Washington, prefiere atrincherarse tras una ley que amenaza con silenciar más de lo que protege.