El sistema de salud público mexicano es un desastre. A pesar del estado precario que dejaron los gobiernos previos a la autoproclamada 4T, el de AMLO fue capaz de ir más lejos y de legar a su sucesora más de 50 millones de personas sin acceso a servicios de salud, de acuerdo con Coneval.
Ello ha derivado principalmente de una falta de inversión pública, sumado a la existencia de actos de corrupción y a una negligencia brutal en la oferta de vacunas y medicamentos contra enfermedades crónicas.
Desafortunadamente, la medicina privada no parece ofrecer una salida. Los hospitales particulares en México, sabedores de la inexistencia de una oferta pública de calidad, han incrementado sus costos exponencialmente, lo que ha provocado, a su vez, el aumento de la anualidad de las primas de los seguros de gastos médicos.
En este contexto, el senador Waldo Fernández ha propuesto la formación de parlamentos abiertos con el propósito de discutir la posibilidad de una intervención del Estado para regular -o moderar- el aumento desmedido de las primas de los seguros.
De concretarse sería una suerte de Obamacare a la mexicana. El lector seguramente recordará esta ley (Affordable Care Act) impulsada por el presidente demócrata que preveía, entre otros elementos, limitar que las aseguradoras impusiesen restricciones intolerables ante preexistencias médicas, a la vez que ofrecía subsidios para que los estadounidenses menos favorecidos tuviesen acceso a un cobertura médica.
No fue sencillo. El presidente Obama se enfrentó a múltiples desafíos presentados por los republicanos y al cabildeo de las aseguradoras. Fue vilipendiado y tildado de comunista y de pretender expropiar hospitales y consultorios.
Un proyecto de esta envergadura en México tendría aun mayores dificultades. En primer lugar, el Estado no cuenta con los recursos, y en materia de una probable ley regulatoria, la corrupción, el conflicto de interés y el tráfico de influencias harían inviable cualquier iniciativa en este sentido.
La propuesta del senador Fernández luce interesante desde una perspectiva teórica, pero desafortunadamente, resultaría difícilmente aplicable en la realidad mexicana. Sin embargo, un debate público sí que se antoja interesante ante una probable contención frente a los abusos de los hospitales privados y las abusivas compañías de seguros.