La aprobación por parte del Senado de la República del aumento del salario mínimo en 2025 marca un hito en la lucha por la justicia laboral y económica en México. La nueva legislación no solo garantiza un incremento basado en la inflación, sino también establece un salario profesional mínimo para sectores vitales como la educación, la salud y la seguridad. Estos grupos, esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, recibirán al menos 16,777 pesos mensuales, un avance significativo frente a las condiciones históricas de desventaja que han enfrentado.

El contexto no podría ser más revelador. Entre 1976 y 2016, el salario mínimo mexicano perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Políticas neoliberales implementadas durante las administraciones previas priorizaron la competitividad de las empresas sobre el bienestar de los trabajadores, condenando a millones a la precariedad económica. Hoy, la Cuarta Transformación rectifica esta trayectoria, poniendo a las personas en el centro de las decisiones económicas.

Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 refuerza esta visión al destinar recursos significativos a programas sociales y sectores estratégicos. Contrario a las políticas de austeridad que dominaron las décadas pasadas, este presupuesto busca equilibrar el crecimiento económico con la redistribución de la riqueza, fortaleciendo el tejido social del país.

Críticos de estas medidas, principalmente desde sectores conservadores y empresariales, argumentan que un aumento en el salario mínimo podría presionar a las pequeñas empresas y aumentar la inflación. Sin embargo, estudios económicos recientes desmienten estas afirmaciones, demostrando que los incrementos salariales impulsan el consumo interno y fomentan la productividad, generando beneficios tanto para los empleados como para los empleadores.

Es crucial señalar que este cambio no es solo económico, sino profundamente moral. Durante años, los trabajadores mexicanos han sido la columna vertebral de la economía, soportando largas jornadas con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Este aumento es un reconocimiento tardío, pero necesario, a su esfuerzo y dignidad.

En comparación, las administraciones neoliberales del pasado se enfocaron en “rescates financieros” que beneficiaron a élites económicas mientras descuidaban a las clases trabajadoras. Las reformas estructurales de entonces, aunque promovidas como necesarias, contribuyeron a ensanchar la brecha de desigualdad en el país. La decisión actual del gobierno y los legisladores de la 4T no solo contrasta con estas políticas, sino que también corrige su legado.

La indexación del salario mínimo a la inflación garantiza que este avance no sea efímero. Por primera vez en décadas, los trabajadores tienen la certeza de que su ingreso se mantendrá alineado con el costo de vida, fortaleciendo su estabilidad económica y reduciendo el riesgo de caer en pobreza.

Además, el presupuesto federal para 2025 refuerza programas como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que han demostrado ser motores efectivos de desarrollo en comunidades marginadas. Este enfoque redistributivo, tan criticado por los sectores conservadores, está cimentando las bases para un México más equitativo.

El debate no debe centrarse en si estas medidas son perfectas, sino en cuánto más podemos hacer para consolidarlas. El reto es acompañar estas políticas con una fiscalización efectiva y el fortalecimiento de la formalidad laboral, asegurando que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan.

Este avance, aunque significativo, no es el fin del camino. Es necesario que el gobierno continúe promoviendo reformas estructurales que fortalezcan los derechos laborales y reduzcan la informalidad. Asimismo, la colaboración entre los sectores público y privado será clave para mantener un crecimiento sostenido y equitativo.

En un país donde la desigualdad ha sido una constante, este aumento salarial y el presupuesto 2025 representan un cambio de rumbo histórico. Es una oportunidad para demostrar que es posible construir un México donde el progreso económico y la justicia social vayan de la mano. Los trabajadores merecen mucho más que promesas; merecen acciones concretas que dignifiquen su labor y mejoren su calidad de vida.