El retiro del ministro Luis María Aguilar Morales de la SCJN ha puesto nuevamente en el foco mediático el debate sobre los privilegios de los altos funcionarios del poder judicial. Con una pensión anual inicial de casi 5 millones de pesos y beneficios adicionales como seguridad personal, vehículos blindados y apoyo logístico, su salida parece más un retiro dorado que un simple cese laboral. En un país con profundas desigualdades económicas, este tipo de excesos resulta difícil de justificar.
Luis María Aguilar no es solo un personaje prominente dentro del ámbito judicial, sino también uno de los ministros que, con sus votos y decisiones, ha contribuido al statu quo que perpetúa las desigualdades. Su férrea oposición a la reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente López Obrador y respaldada por la actual presidenta, evidencia su rechazo a los cambios estructurales que buscan democratizar y transparentar el poder judicial. Este posicionamiento, acompañado de su defensa de medidas como la prisión preventiva oficiosa en ciertas circunstancias, pone en duda su compromiso con una verdadera justicia social.
Más allá de sus posturas políticas, la indignación popular radica en el contraste entre las millonarias prestaciones del ministro Aguilar y la realidad que vive la mayoría de los mexicanos. Mientras millones luchan por acceder a servicios básicos, el erario seguirá financiando un estilo de vida que incluye privilegios que pocos ciudadanos podrían siquiera imaginar. Este hecho no solo es inmoral, sino también un desafío directo a la narrativa de austeridad y justicia que los mexicanos demandan de sus instituciones.
El escándalo se magnifica cuando recordamos que otros ministros, como Margarita Ríos Farjat, han renunciado a sus pensiones vitalicias, mostrando una voluntad de servicio más alineada con las demandas actuales de la ciudadanía. Luis María Aguilar, en cambio, argumenta que su pensión es un derecho adquirido tras más de 50 años de servicio. Si bien este argumento es legalmente válido, éticamente deja mucho que desear. En un contexto de transformación nacional, este retiro parece ser más un símbolo de resistencia al cambio que un reconocimiento a su trayectoria.
El debate sobre los beneficios de los ministros jubilados no es una discusión aislada, sino una oportunidad para reflexionar sobre las prioridades del país. ¿Por qué destinamos recursos millonarios a asegurar la comodidad de unos pocos cuando existen necesidades urgentes en salud, educación y seguridad? La figura de Aguilar Morales es un recordatorio de los rezagos que aún persisten en la construcción de un México más justo.
La SCJN, como máximo tribunal del país, no solo debe ser un garante de la Constitución, sino también un ejemplo de integridad y empatía con las necesidades del pueblo. En momentos como este, es vital que los funcionarios que representan a las instituciones públicas entiendan que su responsabilidad no termina con un fallo o una sentencia, sino que incluye también la percepción que generan en la ciudadanía.