Más allá de que existen matices muy sesgados en el Poder Judicial, y de qué hay extralimitación en la toma de decisiones, me quedé totalmente sorprendido de la cantidad de beneficios con los que gozan los ministros de la Suprema Corte de nuestro país. El estupor fue tan grande que, al revisar una lista de privilegios, no puede evitar sentir una irritación y malestar porque, al final de cuentas, sigue perdurando el dispendio de recursos después de observar las condiciones, pero sobre todo los servicios con los que cuentan magistrados y jueces.
Es, sin lugar a dudas, una vida de sultanes la que viven los magistrados y jueces en un país que, todavía, sigue luchando para erradicar la desigualdad y el lastre de la corrupción. De hecho, la política pública que ha implementado el presidente López Obrador ha sido la correcta, pues los programas sociales han llegado a fortalecer la calidad de vida de millones de mexicanos. Incluso, el mismo mandatario federal ha centrado la mirada y se ha concentrado, desde que llegó, en buscar estrategias de austeridad después de que el país, por años, estuvo a merced de la elite que no sólo endeudó al territorio nacional, sino que lo sumió en una crisis en materia económica, educativa y social.
Tanto el PRI, como el PAN, agudizaron la pobreza en nuestro país. Dicho en otras palabras, lo saquearon y, de paso, permitieron que el Poder Judicial llegara a latitudes inverosímiles que, una vez que se desnudaron, no hay duda que representan una afrenta para millones de mexicanos que creemos en una democracia donde la igualdad sea, ni más ni menos, que uno de los factores que haga la diferencia. Sin embargo, insisto, no puede ser posible el dispendio de recursos con los que cuenta la Suprema Corte de Justicia porque exhibe una vida de lujos y excentricidades que los rodea.
La división de poderes también radica en la pluralidad, la democracia y la transparencia. Sea cual sea el poder, debe haber límites, pero sobre todo mecanismos claros. Por esa razón, concuerdo con algunas voces como la del presidente López Obrador. México necesita una reforma al Poder Judicial, casi casi de manera urgente. De hecho, el mandatario federal adelantó que enviará una iniciativa al legislativo para proponer cambios profundos ante el descrédito. Se tiene que recurrir a reformar la constitución.
De hecho, el mismo coordinador de los senadores de Morena cree que se debe hacer una reforma profunda al Poder Judicial y que los ministros deben terminar con sus privilegios.
También que no debe ser la misma persona presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, que la Defensoría de Oficio debe ser autónomo y que los ministros no deben nombrar a los magistrados y jueces de distrito.
A propósito, el líder de la fracción mayoritaria insistió en que se debe terminar con los 40 privilegios de los que gozan los ministros de la Suprema Corte.
El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que es momento de reflexionar y asumir una actitud más prudente.
En ese sentido, debe crecer el interés de que existan cambios ante la necesidad inminente. Ahora entiendo por qué la oposición defiende tanto al Poder Judicial. Son igualitos. Se quejan del gobierno actual que, lo único que ha hecho, es trabajar para transformar al país. Sin embargo, el contrapeso debería, no tengo duda, ser más congruente para buscar la forma de suspender el gasto excesivo de jueces y ministros.
Deberían, en ese sentido, seguir el ejemplo de Monreal que está a favor de que existan cambios profundos en el Poder Judicial, sobre todo para eliminar el dispendio. Por ello, aplaudo la valentía del coordinador de los senadores de Morena, que presentó un esquema de privilegios que gozan magistrados y magistradas. Son 40 y, por supuesto, deben ser conocidos por la opinión pública que, al final de cuentas, es la que califica y juzga.
Eso explica el malestar de la ciudadanía. Tienen razón: los puntos que fueron expuestos son una afrenta para millones de mexicanos.
Usted mismo juzgue:
1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 pesos mensuales.
2. Aguinaldos exagerados de $586,092.53 pesos, que representan 40 días de sueldo.
3. Primas vacacionales de $95,474.68 pesos, que representan 10 días de sueldo.
4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
6. Presupuesto de $5,540,930 pesos mensuales para contratar personal.
7. Dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de $6,000,000, que se renuevan cada dos años.
8. Pago por riesgo de más de $640,372 pesos al año.
9. Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal (SSPC)
12. Seguros para autos y casa habitación.
13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
18. Tres equipos de cómputo e impresión.
19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
21. Papelería personalizada.
22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
24. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30,000,000 en adelante.
26. Disponen de $188,099 pesos al año para compra de medicamentos.
27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
28. Seguro de vida institucional por $12,000,000
29. Pago por defunción de $1,189,615
30. Ayuda para gastos funerales de $30,000
31. Apoyos económicos para lentes por $3,100 pesos para ministros, cónyuge e hijos.
32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.
36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20,000,000 al final de sus 15 años de servicio.
37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
38. Un estímulo por antigüedad de $1,000 pesos anuales.
39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20,149,765,377 pesos, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 pesos para el año de 2022.
Una vida de sultanes la que gozan magistrados y magistradas. Pero, más allá de eso, es una afrenta para los mexicanos. A raíz de ello, urge corregir el financiamiento exagerado y grosero que maneja el Poder Judicial a través de una reforma, sobre todo por los 40 puntos que manejó Ricardo Monreal que hizo, ni más ni menos, una recolección de datos que abren más el abanico para conocer, a primera vista, una distribución de dinero que, sin lugar dudas, puede ser utilizado para beneficio de los sectores más vulnerables del país.
Los ministros y ministras no predican con el ejemplo.