Al Estado de derecho se le ha muerto el derecho. A la Corte de Justicia, la justicia se le puso en pausa. Lejos de que el término “crisis constitucional” sea una afirmación de los “adversarios” de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ella afirma, es la mejor descripción sobre un conflicto entre dos poderes constitucionales, que, al ser creados por una misma Constitución, entran en conflicto sin que pueda ser el mismo resuelto bajo los instrumentos legales vigentes.
Es decir, una crisis política en la que el derecho se queda estéril por dos razones:
La primera, por colocarse aquella situación excepcional fuera de los supuestos contemplados para la resolución de conflictos entre poderes. La segunda, porque un poder haya perdido exigibilidad o imperio de la ley, quedando sus funciones absorbidas o diluidas ante otros poderes.
Así, no hay acuerdos a pesar de que el ministro Juan Luis González Alcántara ha colocado sobre la mesa un proyecto lejos de los ánimos intestinales de dos fuerzas que se atacan por completo, realizando un abordaje concienzudo de cada parte de la reforma judicial bajo un tamiz de legalidad, constitucionalidad y ajuste con los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.
Ese proyecto se discute este martes 5 de noviembre que dependiendo si logra alcanzar la votación de al menos 8 ministros, pasará a la historia como el día en que la Corte brindó el último aliento a una imponente reforma frente a la que no hay razón de la justicia sino zarpazo imponente por la fuerza de masas que no comprendieron, no conocieron o no analizaron a profundidad una reforma regresiva cuyos efectos solo podrán valorarse hasta el 2030 probablemente.
El hecho es que hubo tanta falta de conciencia, que a pesar de los cálculos más austeros para una elección gigantesca como implicaría una de jueces, hoy la presidencia y el oficialismo se dice sorprendido. Se siente estafado, arremete contra el INE recordándole la austeridad. Hace una semana, el presidente del Senado, indignado, reclamaba las renuncias buscando cualquier refugio caprichoso que le permitiera negarlas. Bastaron dos ejemplos para anticipar las reacciones que el oficialismo tendrá ante una reforma hecha al vapor, en la que los justiciables son y serán los más afectados.
La votación de hoy será histórica por tres grandes razones:
- Nunca antes una reforma constitucional había violentado al artículo 40 de la Constitución, amenazando su forma dada a los Poderes de la Unión. Tampoco antes se había analizado la aplastante voluntad popular frente a derechos fundamentales consagrados en la propia Carta Magna así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y tratados internacionales, que son claros en decir que la figura de jueces sin rostro como la propuesta en la reforma judicial violenta un sinfín de garantías judiciales, que tener tribunales independientes y no politizados es un derecho que será transgredido con la elección judicial, entre otros, por lo que existen argumentos de sobra que admiten los recursos de acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos y actores.
- Nunca antes un gobierno había colocado obstáculos ante si mismo para el funcionamiento básico de la impartición de justicia. Pues es innegable que existen diversos problemas en el poder judicial, era sabido que se necesitaba una reforma, pero esta es de todas las reformas posibles, una que hace mucho daño.
- Nunca antes el imperio de la ley se perdió con tanta contundencia y en tan poco tiempo. Aunque la Corte se coloque en el papel trascendental de la sensatez, sacrificándose como máximo tribunal para permitir una elección popular parcial de aquellos cargos como lo plantea el proyecto que hoy se discute, en el que se establece que la integración de ministras y ministros si estará sujeta a elección popular, es altamente probable que ningún poder acate el mandato de aquella resolución. El desacato del Poder Ejecutivo y del Legislativo es previsible, históricamente negativo.
Así, la muerte del imperio de la ley arrastra una crisis del Estado de Derecho frente a la que tendremos que comenzar a acostumbrarnos a que nada de lo que diga la ley es verdaderamente ley, pues frente a un conflicto con eso, con la mano en la cintura podrán cambiarse las reglas del juego, aplicarse retroactivamente y resolver en favor de la autoridad que se trate. Después de todo, si se trata de una falta cometida por el ejecutivo ¿Qué juzgador querría estar mal con ellos? Si son quienes tendrán en sus manos la decisión final sobre quién se queda o quien se va, no importa ya el derecho. Solo importará no incomodar al régimen, a nuestra señora presidenta ni a ninguno de sus respectivos camaradas gobernadoras, gobernadores, militares, policías, verificadores, fiscales, recaudadores, etcétera.