Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, declaró, en aquel célebre discurso frente al Congreso de su país a raíz del atentado contra Pearl Harbor, que el 7 de diciembre de 1941 sería una fecha que viviría en la infamia.
México, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial la madrugada del miércoles, parece destinado a vivir, para los próximos años, bajo el yugo de una tiranía. Quizás no se trate de una invasión extranjera o de un dominio imperialista, sino de un control por parte de un movimiento sectario que ha condenado al país a la muerte de la democracia constitucional.
La afrenta inició desde el momento en que el INE dictaminó que Morena y sus aliados contarían con una sobre representación que no solamente era ilegítima con base en el resultado de las urnas, sino que se trataba de una vulgar contravención del artículo 54 constitucional, mismo que garantiza –o garantizaba– que ninguna fuerza política contase con el número de legisladores para modificar por ella misma la Carta Magna.
Días más tarde, el Tribunal Electoral, en una polémica decisión que emuló lo hecho por las autoridades electorales venezolanas en la elección de Maduro, confirmó el fraude constitucional, en un abierto desafío a la ley y a la norma fundamental que pertenece a todos los mexicanos.
Finalmente en la madrugada del miércoles 11 de septiembre, tras la apostasía de dos senadores del PRD y uno del PAN (cuyos nombres y apellidos he decidido omitir en signo de respeto al lector) Morena y sus aliados decidieron dar muerte al último poder de la Unión que se había resistido a los embates de AMLO, a su demagogia, a su populismo rampante, a sus actos ilegales, a sus mentiras y a sus deseos de destrucción de las instituciones del Estado mexicano.
El acto ha sido consumado. El precio que se pagará será muy alto, la salida muy costosa y el remedio muy largo y doloroso. El 11 de septiembre de 2024 será una fecha que vivirá en la infamia.