“Por sus obras los conoceréis”, es una máxima que puede aplicarse al ámbito político no obstante que éste no sea su espacio o lugar más natural para hacerlo, en tanto el origen de la expresión es bíblica.

Para el caso, resulta útil traer a colación ese aforismo, pues llama a contrastar los dichos con los hechos; es decir, superar la guerra retórica y pasar a la revisión de los actos y acciones que se emprenden por los distintos sujetos, sean personas o instituciones y, de esa manera, colocarlos frente a sus promesas, propuestas o postulados y a la congruencia o incongruencia en la que incurren, desnudando el verdadero propósito que anima sus actos.

Aquí es donde viene a cuento el título de esta colaboración, ya que invita a identificar el método empleado para que el partido en el gobierno, junto con sus aliados del Verde y del PT, pasaran de tener una participación de alrededor del 54% de los votos, convirtiéndolos en una representación en la Cámara de Diputados que se aproxima casi al 75% de los escaños, y que en el Senado pueda lograr una suma adicional a las curules obtenidas, mediante el traslado conveniente y de conveniencia de legisladores provenientes de otras fuerzas políticas.

La capacidad que se ha tenido para que una coalición incremente de forma artificiosa su presencia en el Congreso, tiene como punto de partida la fuerza del gobierno y su disposición para asumir el liderazgo del partido al que pertenece; además de ello, la determinación de asistir a la arena política cuando sea necesario a fin de apuntalar a las figuras que le son afines y, de ser necesario, descalificar, vilipendiar y reducir a representantes de la oposición y de quienes se atreven a esgrimir las críticas más acervas.

La ecuación conduce a pretender un proceso en donde los liderazgos con prestigio y reconocimiento sean sólo aquellos que gozan de la preferencia del gobierno; mientras los otros son hundidos en el fango a través de los señalamientos que se les realizan desde el oficialismo, y de convertir la capacidad política de gobierno en desplante para alinear a las instituciones, a pesar de la autonomía que algunas ostentan.

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Se coloniza a las instancias que organizan o califican las elecciones a fin de lograr su captura, como en efecto ocurrió cuando el INE, después de una gestión distante a las decisiones del gobierno, se encaminó a una mejor vinculación y empatía hacia los afanes de éste, a partir de la renovación de su órgano de gobierno y de conducción; se tomó igual pauta cuando en la propuesta de reforma judicial se incorporó un transitorio para brindar garantía de permanencia a los y las magistrados del Tribunal Electoral, hasta 2027 y, consecuentemente, eludir la obligación de postularse para competir en las elecciones que se planea realizar, en lo inmediato, para elegir al conjunto de los juzgadores. Tal gesto tiene el significado de un guiño de connivencia con los intereses del gobierno, y así resultó en los hechos.

En esta línea se inscribe la declaración presurosa desde la Secretaría de Gobernación para señalar cómo debería quedar conformado el Congreso, cuando estaba por desahogarse la calificación de los comicios y la asignación que se haría de la composición de la Cámara de Diputados, en el marco de una controversia profunda sobre la interpretación de lo previsto en el art. 54 de la Constitución. Pero, a pesar de no ser autoridad electoral, la voz del gobierno se hizo presente para marcar una voluntad y determinación, que más tarde sería asumida por las instituciones electorales; ello, si bien con la votación dividida de los órganos resolutivos correspondientes.

Una vez que fue así, quedó diseñada la red a ser lanzada para lograr el artilugio de que al partido en el gobierno y a sus aliados, les fuera asignada una representación en la Cámara de Diputados que excede en más de 20 puntos el porcentaje de votos que obtuvieron, algo que ni en el escenario de la aberrante cláusula de gobernabilidad proveniente de la reforma política de 1986, se esperaba.

Pero, una vez capturada la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, para el oficialismo quedó pendiente, por escaso margen de tan sólo 3 senadores, la conformación de una mayoría calificada en la Cámara alta; aun así, la consigna de obtenerla a toda costa hizo que se buscaran mecanismos -seguramente inconfesables-, para arrastrar a las filas de Morena a senadores provenientes de otras fuerzas. Tras ese cometido, se puso en marcha una estrategia que se acercó a la meta que les fue asignada cuando pudieron incorporar a dos legisladores provenientes del PRD, y no obstante haber emitido declaraciones críticas hacia Morena, sus aliados y su gobierno en los prolegómenos de sus respectivas campañas. Su cambio de ropaje tiene signos indiscutibles de oportunismo y de un extravío que los lleva a obtener prebendas.

Los cañonazos que hace un siglo eran aludidos por Álvaro Obregón, como método encaminado a convencer a los generales para someter sus posturas, opinión y voluntad por medio de dádivas, siguen presentes, y son detonados con gran intensidad. Tal vez no es sorprendente que así sea, lo que sí llama la atención es que constituya el recurso empleado por un gobierno que habla de mística republicana y que, en vez de eso, tiende a convertir la arena política en un mercado de subastas al que acude para engrosar sus filas, a sabiendas que es quien puede hacer la mejor “puja” para “convencer”.

Los indicios de ese pervertido método de negociación ya habían sido visibilizados a través de las invitaciones que la administración formulara a quienes fueron gobernadores por parte de otro partido, y que sufrieron sendas derrotas a manos de las candidaturas morenistas, como sucedió en Sinaloa, Sonora, Campeche e Hidalgo, y cuyos titulares anteriores fueron invitados “generosamente” a incorporarse al servicio exterior como embajadores de México en distintos países.

Nada nuevo tampoco, pues fueron las monedas de pago a la traición como sucedió con Judas al entregar a su maestro al comenzar nuestra era. Lo inédito fue que tales medios fuesen retomados ahora por un gobierno que se comprometió con una transformación virtuosa y humanitaria de la vida política del país, y que, en vez de eso, la degrada con fatales consecuencias, pues desplaza el debate y la negociación política por la imposición arbitraria de intereses; permuta la democracia por el autoritarismo y la vida republicana por el predominio abusivo y sin control de uno de los poderes.