Qué gran paradoja: A pesar de que el lema trascendente “Fue el Estado” coreado por familiares de los 43 de Ayotzinapa junto con militantes obradoristas se confirmó, la misma institución señalada como responsable en esta tragedia es la que ganadora del sexenio que termina y el que está por comenzar.
Es corta la memoria de quienes han dejado de invocar lo que sucedió en Ayotzinapa. Ha dejado de ser políticamente conveniente exigir justicia y verdad, por lo que la reforma a la Guardia Nacional que adscribe este cuerpo militar-policial completamente a la Sedena pasó casi de noche en Cámara de Diputados, sin mayor marcha o molestia.
Hubo algunos logros que enaltece el gobierno saliente, pero que ni con toda la presión por un compromiso entablado por el mismísimo presidente de la República, logró que los militares involucrados a la desaparición de los 43 normalistas fuesen procesados. La esperanza se fue desdibujando. El primer paso que pudo celebrarse fue la creación comisiones e instituciones de verdad y justicia de la mano con Alejandro Encinas. Había diálogo hasta que las propias fuerzas de la seguridad nacional encontraron de la mano con la Fiscalía General de la República inocentes estrategias consistentes en que la segunda hiciera a medias su trabajo para que la primera pudiese alegar distintas violaciones procesales que eventualmente, decantaría en militares acusados en libertad.
La respuesta presidencial, a 10 años de la desaparición aquella madrugada y de las calles inundadas de miles de jóvenes que hoy visten traje sastre en alguna oficina de gobierno, fue culpar asociaciones civiles que acompañan a los padres de los 43.
Tras la intentona de aquellos desprestigiados funcionarios, desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el procurador Jesús Murillo Karam y el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de construir verdades para pasar la página, ha llegado ahora un libro de piedra completo que le dice a los jóvenes: el ejército tenía razón.
Se dice que no hay riesgo en la reforma a la Guardia Nacional y en los debates, se ha argumentado que son los gobernadores y gobernadoras de todos los partidos quienes ruegan su intervención.
La realidad es que pareciera que el poder político cuando gobierna, ama la contundencia militar que elimina todo tipo de límite típico para las policías civiles. Ante grandes extensiones territoriales en las que la seguridad pública ya está en manos de militares, se anexará un detalle más: lo poco que quedaba de inteligencia policial y estrategias no militares, quedarán cesadas y expulsadas de la Guardia Nacional.
Nadie sin naturaleza estrictamente militar podrá mantenerse en este cuerpo de seguridad y sucederá en cuanto el Senado lo apruebe.
Ayotzinapa podrá quedar en las obras de arte y los libros de historia, entre el relato doloroso en las Escuelas de Normalistas y la advertencia a las juventudes sobre el alto costo de no homologarse a la regla de lo ordinario. Una que resuena para sus padres, que hoy más que nunca tendrán razón sobre no salir de noche y no tener la mala fortuna de estar en lugares equivocados en momentos equivocados.
El premio militar es jugoso: una entrega completa del país con fundamento constitucional, sin límite de temporalidad acotada y con obediencia al mando militar. Eso sí, frente a la adorable civilización de que, para gusto o disgusto de los mismos, es Claudia su mando superior.
La fragilidad de esa obediencia será la nueva regla. Aunque en el hecho, sean militares en funciones civiles. Aunque la pronto presidenta le haya apostado a la fortaleza de policías y su efectividad combatiendo el crimen. Aunque la pronto presidenta emana de otra tragedia que tampoco tuvo justicia: la de militares y paramilitares aplastando a los jóvenes del 68.
A los que inundaban las calles exigiendo justicia ahora les quedan máximo 40 o 50 activistas que siguen protestando y acompañando a los padres. La vacuna militar contra la memoria y los movimientos sociales funcionó, tanto que ahora, nadie se acuerda ni se acordará de que entre las filas de los glorificados vestidos de verde olivo se mantienen los que torturaron y desaparecieron a menores de edad, estudiantes cuyo paradero de sus restos o sus vidas se sigue ignorando.