El trabajo intenso y eficaz de Santiago Nieto en la UIF tal vez no con los resultados amplios que él mismo hubiera deseado, ha sido reconocido por amplios sectores de opinión pública y de analistas, periodistas y ensayistas. Siempre se habló de discrepancias y desencuentros con la FGR y su titular Alejandro Gertz Manero. Esto de suyo es lamentable y no abona en la eficacia y la eficiencia de estas dos instancia fundamentales. Una investiga y trata de fincar políticas para prevenir el blanqueo de activos (lavado de dinero) articulada a un organismo multilateral como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) quien con políticas a seguir coordina los esfuerzos regional e internacionalmente. Existe otro organismo mucho menos mencionado y conocido que es el Grupo Egmont que fija también criterios y principios.
La otra institución (FGR) emprende las acciones de investigación criminal, y acusatorias, en su caso, conforme los casos que la UIF turna con las bases que logra establecer para ello mediante las técnicas de la inteligencia financiera. Una de las acciones que toma la UIF es el bloqueo de cuentas bancarias, corporativas o individuales, cuando recaba elementos suficientes con evidencia de que se están produciendo actos ilícitos de blanqueo de capital en ellas, o que puedan servir o hayan servido para financiar actos de terrorismo. La información que procesa o recibe la UIF desde el sistema financiero es a manera de reportes de probables operaciones de recursos financieros de origen ilícito (ROS, reportes de operaciones sospechosas) sobre todo de altos montos en efectivo, y mediante la supervisión para su cumplimiento de mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie a dichos delitos. Dentro de los bancos al ejecutivo encargado de vigilar la observación estricta de estas medidas se le llama Oficial de Cumplimiento. Lo que suceda en esta materia es su responsabilidad. A los bancos se les conoce por ello como “sujetos obligados”.
En consecuencia la coordinación eficiente entre la UIF y la FGR es fundamental, vital para que la lucha contra el blanqueo de capital sea efectiva, dé resultados. Uno de los obstáculos para la medida preventiva que es el bloqueo de cuentas mientras la FGR hace su trabajo una vez recibidos los casos, son la aspectos jurídicos que obligan a la UIF a informar a los usuarios de cuentas bancarias por escrito que hay razones fundadas para bloquear la cuenta bancaria y turnar el caso a la FGR.
La UIF mexicana ha sido más o menos bien calificada por los organismos que se encargan de evaluar su funcionamiento, GAFI, GAFILAT y FMI. No obstante en la última evaluación de 2017 publicada en 2018 se estableció que de 40 recomendaciones hechas por el GAFI a las UIF de los distintos países que lo integran (que conforman el estándar internacional de buen funcionamiento), México cumplía (al momento de la evaluación) plenamente con 5, otras 19 las cumplían “mayoritariamente” (no siempre, sino en la mayoría de los casos), 15 las cumplía “parcialmente” (cumplía algunas medidas no todas las necesarias) y sólo 1 no era cumplida en absoluto. Dentro de esa evaluación el GAFI estableció que la UIF mexicana debía actuar en forma mayormente “proactiva para la identificación del beneficiario final de los recursos” depositados en las cuentas, y una de las recomendaciones sustanciales fue crear una base de datos central en donde las instancias gubernamentales puedan acudir a confirmar o rectificar el tema (nombres) de los “beneficiarios finales” de dinero depositado.
Habría que estudiar qué tanto se ha avanzado en las fallas detectadas hace 4 años. Santiago Nieto tuvo oportunidad de informar que existen ya en casi todo México Unidades de Inteligencia Patrimonial que generan flujos de información a la UIF sobre registro público, civil, catastro, propiedades vehiculares, comercio. De gran ayuda. Pero para el tamaño del desafío que implica para México los movimientos que hacen con dinero en efectivo, tanto los criminales de “cuello blanco” y los tesoreros de las organizaciones delictivas transnacionales, la UIF es pequeña: se estiman en 30,000 millones de USD el dinero de origen criminal que circula por la economía mexicana y el sistema financiero al año.
Por ejemplo: cuando la UIF bloqueó 939 cuentas presuntamente del CJNG (octubre, 2020) y cuyos recursos allí depositados sumaban $1,000 millones de pesos (unos $50 millones de USD) que correspondían a 1,683 personas que operaban recursos para esa organización criminal. Tenemos allí un golpe financiero espectacular, pero en proporción al total probable que circula en México es muy poco. Es una tarea colosal, nadie lo desconoce, pero finalmente hablamos de objetivos mayores que demanda la situación presente en México y la sociedad.
Pero además, la UIF tiene otros cuatro aspectos de mucha relevancia que deben ser atendidos:
- Cuando Pablo Gómez Álvarez tomó posesión del cargo que con su renuncia dejó vacante Santiago Nieto, planteó algo relevante: es necesario un nuevo acuerdo para el trabajo interinstitucional con la FGR. No se ha sabido más. ¿Está negociándose el mismo, o quedó en una declaración porque Gertz Manero no hizo aprecio de ello? Lo sabremos después.
- Adicionalmente, en México, la UIF no está articulada a un modelo de inteligencia nacional integrado, cohesionado y colectivo funcionalmente dentro de una Secretaria de Inteligencia Estratégica (como en otros países, que integran en él también al Banco Central y al órgano central Fiscal) que encabece un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN).
- Y no tiene como apoyo tampoco una actualizada y modernizada Ley de Seguridad Nacional conforme a las nuevas experiencias internacionales que establezca el marco jurídico constitucional del funcionamiento integral y conjunto de los diversos organismos de inteligencia dentro de un sistema nacional. Y como remate pernicioso un Consejo de Seguridad Nacional totalmente inoperante, nulo.
Habría que revisar otros modelos de organización y funcionamiento de la UIF que existen en el mundo, para determinar si el actual es el mejor o puede ser optimizado. Emerge ya como un desafío sustantivo el tema de las cripto monedas más de 2,000 existentes y que son ya objeto de preocupación en las más grandes economías del mundo, como objeto de colocación de recursos de procedencia ilícita (no todos), casi diríamos, ideales para el blanqueo de capital, más aún cuando se ha anunciado la emisión de una cripto moneda avalada por el Banxico. Retos descomunales para los cuales me temo no está preparada la UIF con todo lo que pensaríamos resulta necesario y que debiera proveerse.
Urgentes de resolver los cuatro vacíos y la reflexión sobre los otros temas agregados, como piezas de un todo. Son lo que, un analista internacional asesor en la ONU como el Dr. Eduardo Buscaglia llama “vacíos de Estado”. La UIF no puede ser entendida como un organismo independiente o semi-aislado que piense sólo y trate de coordinarse con la FGR. No, tiene que ser entendido, organizado y desarrollado operativamente como parte integral de un Sistema Nacional de Inteligencia. Esto se ha minusvalorado lastimosamente en el gobierno actual, concentrado en otras tareas, algunas trascendentes, otras no. Una subestimación grave sin duda.
Basel Institute on Governance (Instituto de Gobernanza de Basilea), realiza un ranking en el que clasifica a 162 países según el grado de vulnerabilidad de su infraestructura jurídica e institucional frente al blanqueo de activos ilícitos. Para ello establece un índice, en el que 0 significa la ausencia de riesgos y 10 una indefensión absoluta ante estos delitos.
Basel Institute on Governance realiza un ranking en el que clasifica a 162 países según el grado de vulnerabilidad de su infraestructura jurídica e institucional frente al blanqueo de activos ilícitos. Para ello establece un índice, en el que 0 significa la ausencia de riesgos y 10 una indefensión absoluta ante estos delitos. Dentro de los “mejor protegidos” contra el blanqueo de capital en Latinoamérica están: Chile, con una puntuación de 4.07 y Perú con puntuación de 4.42, luego, Colombia con 4.61 y El Salvador, con puntuación de 4.86, después está Uruguay con 5.2 y luego México con puntuación de 5.4.
Esta era nuestra realidad en 2014 de acuerdo con un organismo internacional de alta especialización en la materia, somos más vulnerables al lavado de dinero que cinco países de la subregión, El Salvador entre ellos, pero menos que Brasil ¿Cómo estamos hoy?.