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Buscar alternativas para disminuir la economía informal deberá ser una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre del 2024 se suman 32.2 millones de trabajadores que se encuentran en cualquiera de las modalidades de la informalidad y, por tanto, son personas con una alta vulnerabilidad laboral. En términos relativos, esto implica que en la informalidad se emplean 6 de cada 10 trabajadores (54.3%).
A pesar de que el número de personas ocupadas en la economía informal entre abril a junio de este año tuvo una caída de 103 mil personas respecto al mismo lapso del 2023 este fenómeno representa un riesgo para el bienestar y la seguridad de los mexicanos y una gran carga para el gobierno que tiene que atender sus necesidades sobre todo de salud de estas personas ocupadas en la informalidad, que no son derechohabientes de ningún sistema de seguridad social, que no sea el IMSS Bienestar, el cual no tiene otra forma de financiamiento que no sean los recursos públicos.
Los cambios en el mundo del trabajo y las crisis económicas han tenido expresiones particulares y complejas para la población. La situación laboral en México, de por sí adversa en la etapa previa al surgimiento de la pandemia del Covid-19, se vio aún más afectada durante el periodo de confinamiento y distanciamiento social por efectos de la emergencia sanitaria, teniendo un severo impacto principalmente en la educación, así como en las políticas sociales y económicas, y por lo tanto, acentuando la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral.
La informalidad y la precariedad laboral no surgieron en México con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí es responsabilidad de la actual administración y del llamado segundo piso de la cuarta transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum que arranca el próximo uno de octubre, encontrar políticas públicas para que este flagelo se revierta.
A pesar de que en la informalidad se concentra el mayor número de trabajadores de la Población Económica Activa (PEA), este sector tan solo contribuyó con el 23% del Producto Interno Bruto (PIB) de México del 2020.
Cifras del INEGI señalan que en 2022 más del 24% del valor producido provino de la economía informal y más del 55% de los ocupados pertenecían a la informalidad. Este es un grave problema para la economía mexicana. Redondeando números tenemos que sólo 4 de cada 10 trabajadores son formales, pero producen 3 de cada 4 pesos del valor generado en la economía nacional. La diferencia en productividad entre los sectores formal e informal es avismal.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el primer trimestre de 2024, el Valor Agregado Bruto de la economía informal fue de 5,695,422 millones de pesos a precios de 2018, un aumento anual de 3.8%, sin embargo, estos números siguen estando muy por debajo de lo que genera la economía formal.
En cualquiera de las modalidades donde se desenvuelva este grupo poblacional, son personas con una alta vulnerabilidad laboral. Los trabajadores que están en la economía informal no cuentan con las herramientas para tener una productividad adecuada, por lo tanto, tienen que someterse a largas jornadas para poder producir lo suficiente; esta dinámica laboral provoca una alta improductividad.
La política económica que se aplicó en México desde hace más de tres décadas que es conocida como neoliberalismo, la cual supone que los mercados tienden al equilibrio y distribuyen de manera eficiente las tareas y los beneficios sociales; como premisa no es cierta, ya que en la realidad se creó uno de los fenómenos en que de manera más perniciosa se expresan estos, que es el de la economía informal, la cual lleva consigo efectos negativos en la productividad, afectando el crecimiento del PIB y el bienestar de la mayoría de la población.
Los datos estadísticos nos dicen que en los años 70′s del siglo pasado se empezó a generar el concepto de economía informal, en el caso mexicano en esa década era estimado en niveles de 10% de la Población Económicamente Activa, sin embargo, a partir de los 80′s la tasa de informalidad se disparó al 30%, para los 90′s a niveles de 45% y en este nuevo milenio en sus 20′s en niveles del 55%.
El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) marca el inicio de la estrategia neoliberal implantada gradualmente desde entonces en México. Fue precisamente en ese sexenio que empiezan a privatizarse las empresas del Estado y otras desaparecieron, lo que provocó que miles de trabajadores se quedaran sin un empleo en el sector formal de la economía teniendo que conseguir ingresos en la informalidad.
Aunado a lo anterior, la apertura indiscriminada de la economía que también comenzó en la década de los ochentas del siglo pasado y permitió la entrada de productos del exterior al país con mucho menores aranceles, provocó la quiebra de pequeñas y medianas empresas, y la concentración del mercado en grandes corporativos, ocasionó que miles de empleos formales se perdieran y que esas personas no tuvieran más alternativa que buscar ingresos en la informalidad.
El modelo económico aplicado a finales del siglo XX no solo se caracterizó por la venta de empresas estatales a la iniciativa privada y la apertura comercial, sino también se llevó a una política de bajos salarios, que hacía que los trabajadores prefirieran muchas veces emplearse en el sector informal o complementar sus ingresos en ese sector.
La política económica neoliberal hizo que los mercados de diferentes productos y servicios fueran dominados por muy pocas empresas privadas, es decir mercados monopólicos u oligopólicos, lo que provocó el encarecimiento del empleo formal al no permitir que compañías pequeñas participaran.
La principal actividad que desarrollan las personas que laboran en el total de la economía informal (informalidad laboral más condiciones informales de ocupación) es el comercio al por menor, en la que se concentra el 24% del total en esas condiciones; le siguen los trabajadores de la construcción con 15.8%; en tercer lugar se ubican quienes trabajan en el sector de las manufacturas con 13.1%; le siguen quienes laboran en actividades agropecuarias con el 12.3% del total de trabajadores; en quinto lugar está el comercio al por mayor con 7.2%; en sexto sitio está el transporte, correo y almacenamiento de bienes, con 5.6%, mientras que el 5.5% se ubica en diversas actividades.
Las personas que laboran en la economía informal no cuentan con seguridad social, ni con un esquema de pensiones definido, por lo que el Estado tiene que destinar amplios recursos presupuestales a este sector que aporta muy poco al erario para atender sus necesidades de salud, educación, pensionarias entre otros.
Para tener mejores expectativas de crecimiento económico, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum deberá contar con una estrategia para bajar el número de personas ocupadas en la informalidad ya que estos trabajadores tienen muy baja productividad. La economía mexicana no cuenta con el soporte productivo que permita afirmar con certidumbre que tiene la capacidad de generar más valor año con año, que permita vislumbrar tasas de crecimiento cercanas al 5%; tal como se requiere para ampliar los niveles de bienestar laboral, más empleos y mejor remunerados.
Una economía que depende de su sector informal para que un gran número de personas pueda contar con ingresos para subsistir y evitar un estallido social, es una economía fracturada estructuralmente que requiere no sólo de medidas contra cíclicas emergentes, sino profundas reformas fiscales y hacendarías, con criterios de progresividad que permitan una mejor redistribución del ingreso, pero que también eviten la tendencia a la excesiva concentración en unas cuantas manos.