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La iniciativa para reformar el poder judicial del país enviada el pasado mes de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es de vital importancia para los mexicanos ya que la impartición de justicia para la mayoría de la población no es pronta ni expedita y está sometida en un muchos casos a intereses económicos, sin embargo para que exista una imparcialidad jurídica es necesario también hacer modificaciones en la parte de la fiscalía federal y las locales y así se llegue a la justicia.
El aparato judicial es un todo que contempla: la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito (colegiados y unitarios), los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, y también entra las fiscalías tanto la federal como las de cada una de las entidades federativas del país y estas últimas son esenciales para alcanzar la justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) “tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”.
La FGR es un órgano autónomo que por así de decirlo es el abogado del pueblo y es el que presenta ante los tribunales los casos de presuntos delitos, para la obtención de justicia.
El funcionamiento de la Fiscalía General de la República así como de las fiscalías estatales deja mucho que desear ya que la mayoría de las denuncias que se presentan a estos organismos no llegan a jueces y magistrados.
En un estudio hecho por México Evalúa, indica que, de los 2,2 millones de carpetas de investigación abiertas en 2022, solo en 96,500 casos (el 4,3% del total) la Fiscalía logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. La cifra es prácticamente igual a la del año anterior.
“Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que, en 2022, del total de investigaciones iniciadas sólo se determina un 45%. De ellas, un elevado 64.1% deriva en resoluciones para no ejercitar la acción penal. Hay además un uso ínfimo de acuerdos reparatorios (1.5%) y de criterios de oportunidad (0.3%). Por el tipo de delitos judicializados, no sorprende que la medida cautelar más solicitada y concedida a nivel federal sea la prisión preventiva”.
Las fiscalías estatales que son las encargadas de los delitos del fuero común, tampoco tienen un funcionamiento efectivo ya que estas también se manejan con muy poca eficiencia y la población no tiene los instrumentos para defenderse cuando son victimas de delitos.
En mayo del 2023 se dio a conocer que debido a los bajos niveles de confianza en el Ministerio Público y la Policía de Investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), rotó en menos de un año a 920 servidores públicos para prevenir y erradicar la corrupción de la institución y mejorar su nivel de eficiencia.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, realizada por el Inegi, se advierte que en la fiscalía mexiquense el nivel de confianza de la población en el Ministerio Público estatal pasó de 44.9 a 42.5% entre el 2021 y el 2022, mientras el nivel nacional se ubicó en 57.7 y 55.9 puntos, respectivamente.
En la Policía de Investigación del Estado de México también bajó el nivel de confianza de 47.3% en el 2021 a 42.1% en el 2022, ubicando a la entidad por debajo de la media nacional de 57.7 y 56 puntos porcentuales en esos años.
El cambio de nombre de procuraduría a fiscalías y que estas últimas sean aparentemente autónomas del poder ejecutivo federal y estatal parece simplemente un cambio cosmético ya que no está funcionando para que la mayoría de la población tenga una justicia pronta y expedita.
Es urgente que cambie la FGJ y las fiscalías estatales mejoren su funcionamiento y en verdad se vuelvan abogados eficientes de la población que es víctima de delitos cometidos ya sea por particulares, funcionarios públicos, corporativos empresariales o instituciones gubernamentales.