PROMETEO
En una semana con diversas noticias de violencia, inseguridad e incluso justicia por propia mano, como lo sucedido en Taxco, Guerrero, o el secuestros express a canadienses en los límites en Nuevo Leon y Coahuila, así como la violencia frecuente en Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y el Estado de Mexico. Nos hace reflexionar el impacto de ello en el ambiente político, electoral, social y de negocios.
Deben ser considerados factores relevantes como lo son: Limites al poder gubernamental con respecto a la autonomía de los tres poderes como lo establece la constitución mexicana. Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.
Sin duda que las notas mediáticas más activas son más distractores, que no dejan de ser relevantes en su contenido, pero hay una mayor intención de fondo en ello, ya sea por afinidad política, como ha pasado este fin de semana, con la exhibición o encumbramientos de empresarios que pagan o no impuestos según la versión oficialista, o bien quienes tienen otra opinión (les dicen conservadores, neoliberales, enemigos de la transformación) cuestionando con los datos disponibles sobre el desempeño en aspectos clave de esta administración, destacando el exceso presupuestal en sus obras emblemáticas o compras como las Iberdrola o la Mega farmacia, apoyos súper relevantes a Pemex, entre otros como Segalmex, sin rendición de cuentas y con reservas de información, que generan claras dudas sobre la forma en que se ejerce el presupuesto público, fuera de intereses clientelares y electoreros.
Durante estos cinco años y tres meses, las políticas públicas para estimular el sector privado han sido menos que discretas, la improvisación y rotación en dependencias como SHCP, Economía, Trabajo, SAT y la Banca de Desarrollo, han sido factor en ello. Las MIPYMES son la columna vertebral de nuestra economía, son 4.2 millones de empresas registradas en el país y que contribuyen con el 55% del PIB y el 80% del empleo formal en México. Las Grandes Empresas en México son 5,630 identificadas como tal en el SAT que participan con el 22% del PIB y el 20% del empleo formal.
El reto es la informalidad que genera el 23% del PIB y que registra el 56% del empleo total en la informalidad. Modelo que se asocia a corrupción, impunidad, clientelismo y competencia desleal fomentada por las estructuras de gobierno en todos sus ámbitos (federal, estatal y municipal). Los gobiernos futuros deben desarrollar acciones progresivas y medibles que año con año vayan integrando mayor formalidad, pues los temas de pensiones de una población que se avejenta aceleradamente con los apoyos asistenciales, serán una verdadera presión en el presupuesto en los próximos 20 años. Mexico solo recauda el 16% vía impuestos con respecto al PIB, tan solo Brasil genera el 40% en recaudación con respecto a su PIB y su tasa de informalidad es del 39% , esto es solo una comparación simple del problema que tenemos sino le ponemos atención y seguimos con justificaciones para seguir en la tendencia actual de programas sociales sin fuentes directas o generación propia para cubrirlas.
Las MIPYMES han iniciado desde 2020 un proceso de transformación acelerado. Esto es el uso de herramientas de mercado electrónico, las ventas en línea, las aplicaciones le han dado un nuevo esquema para llegar a sus clientes y alcanzar otros que al tener la opción de venta en línea. Esto es de dar prioridad a la venta en efectivo, hoy su venta en línea ya es del orden del 30% y esto no tiene reversa, primero se baja el uso de efectivo, el riesgo y desmotiva la transa de acosadores públicos con charola corrupta (siguen, no se han acabado por decreto) y delincuentes por mordidas y acosos a los negocios. Medios como CoDi, Pay Pal y los servicios financieros en línea son factor ya y no hay forma de revertirlos. El Sector Financiero privado, debe ser clave en el apoyo a MIPYMES, para que con el uso de tecnología financiera, operativa y asesoría. Ello puede bajar costos financieros y operativos en beneficio de todos.
El Poder Judicial, tanto Federal como del Fuero Común en los estados no han logrado generar confianza y confiabilidad, los asuntos legales son de muy larga duración y costosos para las partes que intervienen en ella. El reporte 2022 - 2023 de World Justice Project (WJP), el cual se procesa desde el año 2008, en este último reporte a nivel del Fuero Común de los 32 estados, destaca que los últimos lugares los ocupan entidades como Ciudad de Mexico, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Morelos, Puebla, Chiapas, Jalisco, Tabasco y Veracruz. Todos ellos con un reporte menor al 40% del índice del Estado de Derecho. En general en todo el país no se supera el 50% del índice referido.
Este reporte es el quinto para el país, en el mismo participan ciudadanos, académicos, juristas y litigantes privados, personal judicial y policial. A nivel internacional de 142 países evaluados, México ocupa el lugar 116 a nivel global y es el puesto 27 de los 32 países que son evaluados en América Latina y el Caribe. El Estado de derecho es fundamental para la rendición de cuentas y el control de corrupción, por lo tanto, las tasas de inseguridad y violencia, así como el ambiente de negocios están asociados al Estado de Derecho. No es que no podamos mejorar, sino que debemos dar certeza y transparencia, para ello el ejecutivo, el legislativo y judicial deben trabajar de manera adecuada y no en disputas ideológicas, sino en hacer valer la Ley y el Estado de Derecho.
Mario Sandoval Chávez en X: @MarioSanFisan
PROMETEO (previsión/prospección)
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE