La presidenta Claudia Sheinbaum, AMLO y sus corifeos han jurado repetidamente que la corrupción se ha terminado. Desde aquella célebre frase del tabasqueño de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo” la autoproclamada 4T ha hecho de la lucha contra ese problema uno de los pilares de su movimiento.
Han fracasado, y si se quiere, no solamente no han trabajado en esa materia, sino que han desmantelado los mecanismos que, bien o mal, antaño sacaban a la luz pública los vergonzosos actos de corrupción de políticos y funcionarios.
Hace unos días Transparencia Internacional publicó su más reciente informe sobre la percepción general de corrupción en los países evaluados. De acuerdo al informe, México se encuentra en el número 140 de 180. En otras palabras, se localiza entre los cincuenta más corruptos, a la luz del documento.
Ello ha derivado de una disminución de cinco puntos en relación con el año 2023. El descenso ha sido sostenido desde el inicio de los gobiernos de la “transformación”. ¿No serían diferentes ellos? ¿No rezaban así sus eslóganes propagandísticos?
Y quizás no resulte sorpresivo para nadie. La ausencia de políticas públicas en materia de profesionalización de cuerpos policiacos y funcionarios públicos, sumado a la reciente desaparición del INAI como órgano de referencia en materia de transparencia, han exacerbado dramáticamente la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la asignación directa de contratos.
Y ni qué decir sobre la opacidad en la que operan los gobiernos estatales y sus lazos evidentes con las bandas criminales. Los casos de Guerrero, Sinaloa y Tabasco arrojan luz sobre el estado de putrefacción de estos regímenes.
Por otro lado, la asignación de contratos de obras públicas a Sedena y la bien documentada opacidad en las operaciones conducidas por los militares no apuntan hace una futura evolución en materia de combate contra la corrupción.
Y como corolario, la decisión del presidente Trump de recortar el presupuesto de organismos como el USAID se traducirá eventualmente en la falta de recursos para el funcionamiento de organismos que en el pasado han sido útiles para investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra y Sedalmex.