El lector recordará que la reforma de 2013 (sí, aquella que formó parte del paquete de modificaciones legales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto y el Pacto por México y que contó con el apoyo de todos los partidos políticos, con excepción de un puñado de legisladores del PRD) elevó a rango constitucional el deber central del Estado mexicano de garantizar la calidad de la educación.
Por el contrario, y en clarísimo detrimento del interés general, la “contrarreforma” de 2019 impulsada por AMLO y por la mayoría morenista en el Congreso trajo consigo severas afectaciones a la educación y puso en riesgo su viabilidad hacia los próximos años.
En primerísimo lugar, eliminaron del artículo tercero constitucional cualquier referencia al deber del Estado mexicano de velar por la calidad de la educación. Esta desafortunada reforma legal conllevó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y como resultado en las leyes secundarias, la abrogación de la ley del propio organismo y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
En otras palabras, tras la reforma encabezada por el nuevo gobierno, el Estado mexicano se sacudió la responsabilidad de ser el garante de la calidad educativa. Por el contrario, se privilegiaron los derechos de los trabajadores, fortaleciendo a su paso el poder del sindicato y su nefasto papel en el desarrollo de la educación en México.
También vale recordar que desde el inicio de la administración de AMLO México no ha participado en evaluaciones de resultados de logro. Atrás han quedado aquellos años cuando nuestro país formaba parte de proyectos como PISA o PLANEA. Estas pruebas, en aquellos años, arrojaron valiosos resultados que sirvieron para la formulación de políticas educativas dirigidas a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, y con ello, impulsar una meta de largo aliento dirigida al mejoramiento la educación.
¿Cómo puede mejorarse la educación pública si no se realizan pruebas periódicas de resultados de logro? ¿Cómo puede el Estado mexicano diseñar políticas públicas pertinentes en favor de la educación si no se conoce su estado? ¿Cómo pueden los niños y jóvenes mexicanos salir adelante en un contexto cambiante si el Estado desdeña el principio mismo de la calidad educativa y si se deslinda– de jure y en los hechos- de su responsabilidad como garante de la misma?
¿Cómo puede la Nueva Escuela Mexicana siquiera argüir que pretende ofrecer un mejor destino a los estudiantes cuando no contribuye – ni en la ley ni en los hechos- al mejoramiento de la calidad de la educación? ¿Cómo se puede mejorar sin evaluar?
En suma, no hay duda, en opinión de expertos en materia educativa como Gilberto Guevara Niebla, que la contrarreforma de 2019, sumado al nuevo modelo educativo impuesto por el régimen con esos libros que nada suman ni aportan, supuso un retroceso alarmante en la búsqueda del mejoramiento de la educación.