AMLO y su gobierno se jactan de haber desmantelado el sistema neoliberal, de haber sacado de la pobreza a millones de mexicanos, de velar por el desarrollo incluyente, y en resumen, de trabajar todos los días en favor de los más desfavorecidos.
Sin embargo, existe un elemento de la agenda pública que queda pendiente: una genuina fiscal. A manera de ilustración, de acuerdo con la información de la OCDE, el promedio de la recaudación en términos del PIB de los países que integran esta organización es de alrededor de 33 por ciento. Como el lector recordará países desarrollados como Francia, Estados Unidos y Dinamarca forman parte del organismo, lo que colocaría a México, en principio, en una situación de desventaja comparativa.
Veamos a América Latina, región integrada por países con economías e índices de desarrollo humano relativamente semejantes a México. En AL el porcentaje de recaudación en términos de PIB asciende al 22 por ciento. Nuestro país, lamentablemente, no únicamente se ubica por debajo del promedio de la OCDE, sino de la propia región latinoamericana, con un paupérrimo 17 por ciento.
¿Cómo pueden los políticos y futuros candidatos hablar de prosperidad y desarrollo económico al tiempo que el Estado mexicano recauda apenas alrededor del 17 por ciento del PIB? ¿Cómo pueden esperar alcanzar un desarrollo incluyente, una educación de calidad, combatir transversalmente la pobreza, un mejoramiento de los servicios públicos de salud y una mayor inversión pública en infraestructura si no ponen en marcha un mecanismo que dé viabilidad financiera para las próximas décadas?
De acuerdo con especialistas, ningún país puede alcanzar un verdadero desarrollo incluyente si no recauda al menos el 30 por ciento del PIB. ¿Cómo puede el Estado mexicano hacer la hazaña?
Todo pasa por una reforma fiscal. Sí, es necesaria una tasa fiscal progresiva donde no se castigue la inversión, pero a la vez, se amplíe la base fiscal, y también, que los más acaudalados paguen sus partes correspondientes en impuestos.
Al día de hoy, ninguno de los candidatos hacia 2024 ha hablado de una reforma fiscal. Claudia Sheinbaum, favorita de AMLO y puntera en los sondeos de opinión, aseguró hace unas semanas que no sería eventualmente necesario, en caso de llegar a la presidencia, el aumento de impuestos.
Se entiende bien como estrategia de campaña que Claudia y el resto de los candidatos omitan este tema controversial e impopular. Sin embargo, a la postre, el hombre o mujer que gane la Presidencia en 2024 deberá hacer frente a esta problemática estructural que inhibe el desarrollo de México. Lo hacen o lo hacen. De lo contrario, no esperemos grandes cambios.