A lo largo de una centuria, los Congresos nacionales, apoyados por los presidentes en turno y las mayorías legislativas, han realizado más de 700 reformas a la Constitución, en un afán de plasmar en el texto fundamental la agenda política de los partidos.
Sin embargo, un pendiente pervive: la necesidad de una reforma para establecer la segunda vuelta presidencial. Resulta sorprendente que la democracia mexicana se haga llamar tal cuando un candidato, con apenas un 30 por ciento de los votos, asume la presidencia de México. Ciertamente, huelga destacar, no es el caso de AMLO, pues el candidato de Morena, el lector recordará, alcanzó el 53.19 por ciento de los votos en 2018.
Este no ha sido el caso de sus predecesores, empero, pues Enrique Peña Nieto, Felipe Calderon y Vicente Fox consiguieron apenas el 38, 35.89 y 42.5 por ciento, respectivamente. En perspectiva histórica, debemos remontarnos al año de 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari alcanzó el 50 por ciento; ello en la etapa pre democrática de México, previa a la creación de autoridades electorales autónomas y en medio de un supuesto fraude electoral orquestado por el gobierno de Miguel de la Madrid.
Derivado de lo anterior, la democracia mexicana exige una segunda vuelta electoral. Miremos, en este contexto, los exitosos casos de otros países de América Latina y de Europa. En este tenor, hago breve alusión a las campañas electorales que tienen lugar ahora en Francia, donde Emmanuel Macron disputará – seguramente- en el mes de abril una segunda vuelta presidencial contra alguno de sus opositores, trátese de Marine Le Pen, Eric Zemmour o Valérie Pécresse. Veremos.
Quizá en materia financiera los costos de una segunda vuelta presidencial en México implicaría mayor carga para el INE. Sin embargo, bien valdría realizar una modificación integral a la planificación de las campañas y una reforma a la Ley Electoral, con el propósito de que la autoridad electoral cuente con los medios para la regulación y organización de las campañas de la segunda vuelta.
En suma, una de las reformas constitucionales que ha quedado pendiente en la historia reciente de México ha sido el establecimiento de una segunda vuelta presidencial, donde los dos candidatos punteros que no han alcanzado la mayoría absoluta disputen la elección con el propósito de que uno de ellos obtenga al menos el 50 por ciento de los votos. Desafortunadamente, esto no ha sido prioridad para los gobiernos en turno, y en consecuencia, hemos tenido presidentes con porcentajes de votación que oscilan entre el 30 y 40 por ciento.
Es una lástima que AMLO, con sus mayorías legislativas y sus deseos irrepresibles de reformar la Constitución, haga a un lado un cambio en nuestro derecho que pudiese brindar mayor seguridad y legitimidad al presidente entrante cada seis años.