Los aranceles impuestos por Donald Trump han ocasionado caos alrededor del mundo y golpearán particularmente a México, en vista de la enorme dependencia comercial hacia Estados Unidos, en el caso supuesto de que, como ha dicho el presidente, entren en vigor el 2 de abril.

La medida violatoria del T-MEC no solamente ha provocado ya una crisis diplomática entre Washington y Ciudad de México, sino que amenaza con enviar una ola incontenible de incertidumbre para el crecimiento económico del país.

Esto no ha hecho más que sumarse al sombrío panorama anunciado por el Banco de México hace unos días en relación con sus estimaciones de crecimiento para 2025. Según el organismo autónomo- lo es todavía- el PIB apenas crecerá un 0.6%.

En otras palabras, los aranceles parecen ser un elemento más de alarma ante una probable recesión económica que hundiría los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y por eso si eso fuese poco o insuficiente, las elecciones judiciales del próximo 1 de junio no harán más que agudizar una incertidumbre que sacudirá al país.

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Como ha sido bien analizado y comentado, la reforma judicial nada contribuirá al saneamiento del sistema de impartición de justicia. Por el contrario, se trata de una burda estrategia cuyo propósito es la captura política de los jueces y magistrados.

¿No debería suspenderse la elección judicial? Vamos a ver. Después una óptica pragmática y sensata la respuesta es sí. Sin embargo, ello podría plantear diversos desafíos de orden jurídico pues el proceso está en curso y las fechas y plazos fueron irresponsablemente plasmados en el texto constitucional.

Tampoco quedaría claro -en principio- cómo podría iniciarse un proceso de suspensión o aplazamiento. La presidenta Sheinbaum, si bien no cuenta con las competencias para solicitarlo, podría promoverlo dentro de las cámaras para que, por una razón u otra, el Tribunal Electoral ordenase al INE que suspendiera los trabajos de la organización de los comicios.

En todo caso, el obradorismo ha demostrado su desdén hacia la ley, al tiempo que ha manipulado la Constitución como si fuese papel higiénico. Podrían ordenarlo, si así lo decidiesen. Sería un favor que le harían a los mexicanos en medio de una tormenta de incertidumbre con miras a los próximos meses.

Como bien reza el refrán mexicano: “el horno no está para bollos”.