Caracas, 3 Oct (Notimex).- La empresa Coca Cola-FEMSA de Venezuela, de capital mexicano, llamó hoy a las autoridades competentes a tomar acciones para liberar sus instalaciones en el país, que permanecen bloqueadas por ex fleteros y ex concesionarios.
En un comunicado a la opinión pública, inserto en los diarios de circulación nacional, la filial de la refresquera mexicana del mismo nombre señaló que estas acciones realizadas por cuatro mil 468 ex fleteros y ex concesionarios, "jurídicamente" carecen de base.
Resaltó que las "acciones de bloqueo o vías de hecho ilegales ilegítimas (.) amenazan la estabilidad laboral de los ocho mil trabajadores activos que hacen vida en la empresa".
Coca Cola de Venezuela indicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, "todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un año desde la terminación de la prestación del servicio".
Los ex trabajadores afirman que la empresa les debe unos 500 millones de dólares por una indemnización laboral en un problema que data de hasta 15 años atrás, antes de culminar su relación obrero patronal.
La empresa recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en junio de este año, determinó que los ex empleados no tienen derecho a reclamar a Coca Cola FEMSA de Venezuela.
"Al tratarse de unos reclamantes que tienen sus acciones prescritas, no demandaron nunca o firmaron transacciones que fueron homologadas, por lo que jurídicamente no tienen derecho alguno que reclamar a la empresa Coca Cola FEMSA de Venezuela, S.A.", citó.
Añadió que luego la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) concluyó que la solución al conflicto debía de ser de índole social por la condición de ex trabajadores con una prescripción de sus causas al tener desde cinco, 10 y hasta 15 años fuera de la empresa.
Recordó que entonces la Asamblea Nacional determinó que "de reactivarse sus causas se estarían rompiendo los principios de seguridad jurídica y del estado de derecho", determinó.
En varias oportunidades, la empresa ofreció a los ex trabajadores un fondo social por cinco millones 140 mil dólares, a cambio de que se solucione en forma definitiva el problema.
La empresa indicó que tres diputados oficialistas, que respaldan a los ex trabajadores, solicitaron a los cuerpos de seguridad del país que apoyen el bloqueo de sus instalaciones.
Con ello, los legisladores Marcela Máspero, Iris Varela y Reinaldo García incurrieron "en el delito de extralimitación de funciones, al arrogarse funciones que los corresponde y que no avala la AN", señaló la empresa.
El miércoles pasado, grupos de ex trabajadores tomaron las 32 distribuidoras y cuatro embotelladoras de la refresquera en el país, según datos de la empresa.
En los cinco bloqueos que desde octubre de 2006 ha sufrido Coca Cola de Venezuela, se han dejado de percibir por lo menos 50 millones de dólares, y se dejaron de producir unos 12 millones de cajas de refrescos, agua, jugos y té, que ésta expende en el país.