Aún se mantiene abierta la herida que dejó la

matanza de los 45 indígenas en la comunidad de Acteal.

El asesinato de hombres, mujeres embarazadas y

niños que se encontraban orando por la paz de Chenalhó aquella mañana del 22 de

diciembre de 1997 nos dejó

sembrada la brutal escena de la que han emanado severos cuestionamientos al

gobierno, exigencia de castigo a los culpables y se conozca el contexto en el

que fue posible que se diera una matanza como la sucedida en Acteal.

Por su puesto, la resolución que hizo la

Suprema Corte es sólo una parte del engrane, pues de acuerdo con la revisión

histórica, existirían responsabilidades políticas de alto nivel, así como el patrocinio

para la existencia de paramilitares en Chiapas, como

una manera de enfrentar la insurgencia zapatista.

A las 3:30 horas de hoy, los 20 indígenas

tzotziles dejaron el Centro de Reinserción Social para Sentenciados 14 de El

Amate, luego de que la Suprema Corte de Justicia los beneficiara al determinar

su libertad inmediata contra la sentencia que los culpaba de la masacre.

Gente de la asociación civil Las Abejas así como

sobrevivientes de la masacre vieron con indignación y decepción la resolución

del máximo tribunal y el trabajo que ha hecho la PGR. Agregaron que temen por

lo que pueda suceder con la liberación de las personas ya que aún permanecen

armas en las comunidades.

Para Diego Cadenas director del Centro de Derechos

Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, la resolución tienen que ver con la

campaña mediática que ha mantenido la defensa de los paramilitares. "A nuestra

consideración es que todos ellos: las personas que se encuentran presas son responsables

de participar en la masacre de Acteal", acotó.

Sebastián Pérez, presidente de la mesa directiva de

Las Abejas de Acteal, Chiapas, por su parte, recordó que antes de la masacre,

ya había conatos de violencia en la comunidad, incluso había gente que se había

desplazado.

Añadió que los que cometieron el asesinato también

son indígenas pobres, cuyas conciencias fueron compradas por el gobierno.

En tanto, Mariano Luna Ruiz sobreviviente de la

masacre aseguró que todos que permanecían presos sí eran culpables, pues él

mismo los reconoció como los ejecutores.

Relató que una de las víctimas de aquella escena

fue su esposa, quien estando embarazada fue asesinada salvajemente para

posteriormente extraerle al bebé del vientre.

Recordó que los "paramilitares" llegaron no sólo

con pistolas, sino también con machetes.

No obstante, la asociación civil dijo coincidir

con la defensa de los detenidos en el sentido de que hubo negligencias en las

averiguaciones previas, y pusieron como ejemplo el movimiento de los cadáveres después

de la matanza sin que se hubiera un peritaje de campo de los cuerpos, además de

que los trasladaron a Tuxtla Gutiérrez cuando debieron ser llevados a San Cristóbal.

Aunque lo anterior para nada quita la

responsabilidad de las personas que están detenidas y que han reconocido los sobrevivientes.