El miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó finalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que viene. Tras una polémica en torno a recortes a áreas estratégicas, el documento adoptado por los legisladores confirmó en buena medida lo que había presentado la Secretaría de Hacienda.

Me refiero en este texto al INE. Este organismo había solicitado en un inicio un total de 40 mil millones de pesos, considerando el gasto de operación regular sumado al enorme costo de la organización de las elecciones al poder judicial.

La Cámara, bajo el argumento de la “austeridad republicana” decidió recortar su presupuesto en 13 mil millones de pesos, en relación con el monto solicitado.

En otras palabras, en añadidura a los cuasi imposibles retos logísticos y operativos del INE para los comicios más extensos de la historia, se ha sumado ahora el obstáculo financiero. La institución no contará, pues, con los recursos para la capacitación de los funcionarios de casilla, en adición a la imposibilidad de montar el total de las casillas necesarias para la organización del “ejercicio democrático”.

Lo que ha demostrado el oficialismo de nueva cuenta es que las elecciones a jueces y magistrados no son más que una farsa dirigida a simular que el “pueblo” elegirá al Poder Judicial. Ufanos, continuarán cantando las bendiciones de la reforma, cuando en realidad se trata de un retroceso sin precedente en la historia del México democrático.

Por un lado, como ha sido bien señalado, serán los líderes morenistas los que tengan la última palabra en la selección de los nombres que aparecerán en las boletas. Y por el otro, como un agravante más, el INE ni siquiera contará con las capacidades financieras para hacer frente a un obstáculo infranqueable.

En suma, el morenismo ha confirmado una vez más su engaño; un fraude que costará miles de millones de pesos, que destruirá la autonomía del Poder Judicial, que desmantelará la división de poderes y que cimentará el terreno para un gobierno autoritario.