México.- La diputada Ana Ruth García Grande consideró que, ante la naturaleza de sus funciones, los fiscales estatales deben de contar con fuero.
En su llamado a que fiscales estatales tengan fuero, la integrante de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ruth García, destacó el caso de Morelos.
¿Por qué diputada pide fuero para fiscales estatales?
Para la diputada Ana Ruth García Grande, ante la naturaleza de sus funciones, los fiscales estatales deben de contar con inmunidad, es decir, fuero.
El propósito, dijo, es que los fiscales desempeñen sus actividades con autonomía y libertad, dentro de los postulados legales y de su autonomía técnica.
Subrayó que la inmunidad o fuero debe darse respetando sus derechos humanos y todas estas circunstancias que envuelven las actuaciones de la autoridad.
Ana Ruth García Grande advirtió que si no tiene esta protección estaría a expensas de forma permanente que se le esté reprochando o incoando procedimiento.
Ana Ruth García Grande se pronuncia sobre fiscal de Morelos
De acuerdo con la diputada Ana Ruth García Grande, por la naturaleza de sus funciones, los fiscales de los estados deben de contar con fuero.
Asimismo, sobre el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gandara, Ruth García dijo que es un caso inédito en los procedimientos de esta naturaleza.
Mencionó que el asunto de fondo radica en la suspensión de parte del juez de amparo para que los diputados no decidan sobre el fuero, mientras no se resuelva el amparo en suspensión provisional para el fiscal.
La integrante de la Sección Instructora de San Lázaro apuntó que el caso Uriel Carmona Gandara no se puede llevar al pleno hasta que no haya mayoría.
Ana Ruth García Grande consideró necesario que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene que ser revisada.
La diputada comentó que su actualización y armonización será para no generar antonómias y conflictos.
En este sentido, Ruth García señaló que "tiene que haber leyes ágiles, este es un instrumento para llamar a cuentas a cualquier servidor público que por acción o omisión a violentado su recto sentido del ejercicio que las atribuines que las leyes le marcan”.