Es bien sabido que la presente conformación de la Suprema Corte de Justicia tiene los días contados. A pesar de haber sido uno de los tribunales más comprometidos con las causas liberales y los derechos humanos, su valoración pública es escasa, derivado, en enorme medida, de la campaña de desprestigio en su contra encabezada por el régimen obradorista.
En este contexto, resulta preocupante imaginarse a la próxima Corte, una vez que hayan tenido lugar los “comicios” para la elección de jueces y magistrados. Una vez consumada la farsa, nuevos nombres se sumarán a formar parte del máximo tribunal jurisdiccional del país.
No es descabellado suponer que las tres ministras morenistas, léase, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, formarán parte del tribunal. Derivado de su lealtad al régimen, se han posicionado como aliadas de la “transformación”, y por tanto, como fuertes candidatas a resultar “electas” por el pueblo.
¿No ha sido llamada Lenia Batres la “ministra del pueblo” a pesar de haber demostrado su desprecio por el derecho constitucional, por sus limitaciones en términos del conocimiento de la rama, por estar lejos de encarnar el ideal del discurso morenista y por representar el prístino ejemplo de nepotismo dentro de la autoproclamada 4T?
Parece que no existe duda que la próxima presidente de la Corte saldrá de entre Batres, Esquivel u Ortiz.
Otros nombres se sumarán. En meses recientes el jurista Eduardo Andrade (exdiputado priista bien conocido por el pasado de su hermano y por haber irrumpido violentamente en un programa de Televisa en los primeros años del siglo) ha estado muy activo en sus redes compartiendo su opinión sobre temas relacionados con las reformas constitucionales.
Si bien sus argumentos están bien fundamentados y el propio Andrade parece ser un buen abogado, el exlegislador veracruzano luce bastante dispuesto a agradar al régimen. No ha titubeado ni un momento en denostar a Norma Piña o a ensalzar las opiniones de Batres. ¿Será su estrategia? Es posible.
En todo caso, el año que viene México tendrá por primera vez una Corte “electa” por el pueblo. Desafortunadamente, según se anticipa, el tribunal difícilmente estará en condiciones de servir como contrapeso al Legislativo, y mucho menos, de cumplir con la misión histórica que le será encomendada.