“Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”
Lee Kuan Yew
“Cuando el dinero habla, la justicia calla”
Proverbio chino
“La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del sistema que hemos creado”
Muhammad Yunus
Fue en 2019 cuando la 4T celebraba el inicio de una etapa contra la corrupción. Eran los factureros los segundos perseguidos después de cada funcionario saliente del llamado “periodo neoliberal”.
La Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación tuvieron reformas para reconocer que la delincuencia organizada y la corrupción son amenazas a la seguridad nacional, igual que la defraudación fiscal, el contrabando o la facturación falsa, cuyos tipos penales ameritaban prisión preventiva oficiosa, o lo que es igual: cárcel sin sentencia para los presuntos responsables. Un régimen de excepción a la regla de la presunción de inocencia vigente para los delitos de feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol; por los que, por cierto, sí hay más pobres en la cárcel.
La apuesta era agresiva pero también contundente: Dañar al fisco sería tan grave los otros delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, con la excepción de que estos delitos no los comete cualquiera -tampoco los cometen “los más pobres”-. Son los delitos de cuello blanco que han enriquecido a la gente más adinerada del país. Delitos cometidos por grandes empresarios, abogados, simuladores y defraudadores que visten sus vidas y redes sociales del lujo que implica no tener que pagar los impuestos que corresponden.
Antes de hablar sobre la prisión preventiva oficiosa en sí misma y lo terrible que es para los más pobres, hoy me sorprende el odio que ha desatado la determinación de la Suprema Corte de Justicia.
La campaña de odio
Desde el repudio hasta la sugerencia de sobornos a los ministros de la Suprema Corte, las redes sociales se han vestido de insultos que suben de nivel. Algunos, desde cuentas falsas. Otros desde las vocerías que hacen eco a la narrativa oficial. Sin embargo, muy fuertes palabras desde personas sensatas como Citlalli Hernández me han preocupado.
En un video publicado por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, dice que:
- “Los únicos que están celebrando la decisión de la SCJN son los corruptos, los defraudadores fiscales, los factureros y sus socios políticos”
- “Celebran porque la SCJN acaba de aprobar una acción de inconstitucionalidad que promovieron los corruptos y delincuentes del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano”
- “Para que la prisión preventiva en delitos graves no se aplique a los grandes delincuentes de este país”
- “En el caso de Inés Gómez Mont (…) podrá ampararse, podrá salir a medios a defenderse de un delito que cometió”
- “Ya van a tener más margen de maniobra para escaparse, para ampararse”
- “Para ocupar todo el engranaje corrupto del sistema judicial y escapar de la justicia”
- “Pregunto: ¿De cuánto fue el cañonazo?”
Nadie le quitará lo corrupto a los corruptos, pero ni siquiera los más delincuentes van a dejar de tener derecho a una defensa, a un amparo, a la libertad de expresión y al acceso a la justicia.
Ahí está el asunto. Eso a lo que la querida Citlalli llama el “engranaje corrupto del sistema judicial” ha sido un fino entretejido con avances ejemplares a nivel mundial, como el juicio de amparo, que a pesar de tener un sinfín de negativos, ha conseguido el reconocimiento de derechos que por otra vía habría costado décadas: el derecho al matrimonio igualitario, a la libre decisión sobre nuestros propios cuerpos, al libre desarrollo de la personalidad en el consumo de cannabis, a derechos laborales igualitarios en licencias de paternidad y una larga lista de resoluciones históricas.
El trato al Poder Judicial no puede ser a contentillo, pues en aquellos momentos, la SCJN era también, transformadora. Hoy que la Corte asume su rol de poder en contrapeso a los otros poderes, nada más que respetar su independencia es lo que se tendría que hacer.
La prisión preventiva oficiosa solo para los más pobres
No estoy de acuerdo con el criterio adoptado por la Suprema Corte. Es una burla que en nuestro sistema, el huachicolero al que le pagaron unos 7 mil pesos por vaciar un ducto sea detenido en el mismo instante en prisión preventiva mientras que hayan personajes como Inés Gómez Mont viajando por el mundo sin hacerse acreedora al mismo trato.
Es repudiable que la cárcel siga siendo una trampa en la que tan solo los más pobres queden atrapados mientras que los delincuentes de la riqueza sean intocables. Ciertamente, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional (porque va contra la Convención Americana de derechos humanos) y no tendría por qué estar en nuestra Constitución.
Bien dijo el ministro presidente Zaldívar que los derechos fundamentales y la presunción de inocencia se contraponen a una detención en la que, prácticamente, se encarcela a una persona sin sentencia, sin certeza del delito que se le haya acusado.
Esa visión de la prisión como un objetivo del proceso penal deja claro que el objetivo no es reinsertar, sino castigar. Pero si es que ese será el criterio, que la prisión preventiva se eche para atrás en todos los otros delitos también.
Y entonces, cuando la ponderación llegue a medir el daño que generan a la sociedad, tal vez reparen que es mucho peor un defraudador fiscal que una persona pobre que realiza un robo a transporte de carga o que es incorporado a las filas de los huachicoleros porque ese medio es como el de los capos: no es invitación, es orden. Así, como han resuelto, hay clasismo judicial, legal, por supuesto, pero inmoral.
Frida Gómez en Twitter: @FridaFerminita