En las últimas semanas se ha sucedido diversas manifestaciones públicas y amplios debates en redes sociales en torno a la exigencia de niñas, niños y sus familias ante el desabasto de medicamentos para el cáncer infantil; son demandas que datan desde 2019 porque los tratamientos son irregulares o inexistentes en todo el territorio nacional, según se ha documentado por familias, periodistas y personal médico. Sin duda, las últimas declaraciones del subsecretario de salud Hugo López-Gatell en un programa televisivo de alcance nacional, donde analizaba el impacto de la infodemia en el control de la Pandemia de COVID19 alimentaron más la polarización en el tema.
En dos momentos hace énfasis para “dejar registro” de su valoración respecto a las manifestaciones de familias acompañadas de sus hijas e hijos exigiendo los tratamientos de cáncer, destacando que podrían ser parte de una estrategia de golpe político al gobierno federal. A varias semanas de distancia, en una revisión detallada de la entrevista es posible constatar que el subsecretario mantuvo un discurso adultocéntrico e ideológico que le impidió reconocer (mencionar) el derecho a la salud de niñas y niños con cáncer, lamentablemente no existió ningún guiño de empatía a su sufrimiento diario y menos aún a la legitimidad del derecho a manifestarse que tienen (incluso sólo veinte familias) para exigir medicamentos para sus hijas e hijos.
Niños, niñas y familias que exigen tratamientos seguros para el cáncer no necesitan análisis políticos o interpretaciones ideológicas, simplemente necesitan medicamentos en tiempo y forma; más allá de los monopolios, la ineficiencia administrativa o la falta de planificación que les han ocasionado sufrimiento y daños hasta el momento. Necesitamos Estado, en la extensión de la palabra; con funcionarias y funcionarios capaces de planificar, de hablar con la verdad y rendir cuentas con evidencia y datos públicos. La persistencia de quejas por desabasto de medicamentos, las alertas del personal de salud para evitar mayor deterioro en los hospitales y las miles de muertes prevenibles que suceden día con día tendrían que ser un fuerte llamado para fortalecer las funciones sustantivas del Estado.
Las declaraciones del subsecretario de salud Hugo López-Gatell muestran precisamente la fragilidad del Estado mexicano en varias dimensiones. López-Gatell, en su calidad de funcionario público está obligado a reconocer que NO hay palabras inocentes, que cada una de sus expresiones son la voz oficial de la Secretaría de Salud, por ello la gravedad de sus declaraciones en un programa de la televisión pública y de alcance nacional.
Estas expresiones ideológicas y conspiracionistas son características del debate polarizado entre militantes de partidos políticos. Sin embargo, en su rol de funcionario público estas declaraciones violan los derechos humanos de niñas niños y sus familias, porque omiten con dolo su responsabilidad legal, para coordinar y ofrecer servicios de salud de calidad sin ningún tipo de discriminación. Cuando un gobierno en turno prioriza que sus funcionarias y funcionarios operen como militantes de partido, y no como servidores públicos responsables de cumplir con las leyes, planes de gobierno, presupuestos y lineamientos administrativos sin distinción para todas y todos los habitantes del país; debilitan una función esencial del Estado: regular y frenar los intereses económicos, políticos e ideológicos de grupos nacionales y globales que acumulan poder y perpetúan las brechas de desigualdad.
En México el sistema de salud es un triste ejemplo de la cultura y práctica política de usar a las instituciones y presupuestos públicos para los intereses del grupo en el poder. Está documentado que por décadas distintos funcionarios corruptos han debilitado intencionalmente las funciones del Estado para obtener beneficios económicos. Y en situaciones de crisis, como la Pandemia de COVID19, la debilidad del Estado impide respuestas oportunas y suficientes para evitar muertes prevenibles.
La ruta de salida para la crisis de desabasto de medicamentos está precisamente en las niñas, niños y sus familias, no sólo porque representan el pulso real de los servicios de salud en el país, sino por el conocimiento que tienen de fallas en los flujo de procesos administrativos y presupuestarios afectados, y que al resolverlos harían más eficientes y pertinentes los servicios de salud que se ofrecen actualmente.
Es central recordar que no es opcional, el Estado mexicano hace 31 años ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, asumiendo obligaciones presupuestales y legislativas para garantizar el derecho a la salud en al máximo posible. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha dejado constancia en sus sentencias que ‘el derecho a la vida’ no se reduce a la funcionalidad corporal sino el derecho a un proyecto de vida. Por ello, cuando la salud no está garantizada en la infancia, además de los daños fisiológicos, se está afectando el libre desarrollo de su personalidad y ocasionando una importante reducción de sus oportunidades para construir el proyecto de futuro que soñaron. Necesitamos Estado a la altura de la niñez.
Mi Twitter: @juanmartinmx
Juan Martín Pérez García
Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Defensor de derechos humanos con más de tres décadas de acompañamiento a procesos de incidencia política, formador y conferencia internacional. Ex Director de REDIM, Fundador de la ONG El Caracol AC y participante de diversos órganos consultivos como SIPINNA, UNICEF, CONAPRED, SNB, entre otros.