Ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han sumado al paro de labores de la gente empleada en el poder judicial.
Como bien sabemos, esa no es una medida de protesta para exigir más salarios o mejores condiciones de trabajo. El descontento de las personas juzgadoras a nivel federal es político: rechazan la iniciativa de modificar la Constitución del presidente López Obrador que se discutirá este martes 3 de septiembre de 2024 en la Cámara de Diputados y Diputadas y que cambiará radicalmente a la judicatura mexicana.
Estamos ya, tristemente, ante otra posible crisis de fin y principio de sexenios, la actual peor que otras tan dañinas no solo porque esta era perfectamente evitable, sino porque no había ninguna necesidad de modificar la carta magna sin lograr antes un consenso con los y las mejores juristas de México, quienes en su gran mayoría se han pronunciado contra la reforma, especialmente contra una disposición inexistente en el mundo: votar por la totalidad de quienes juzgan, desde la primera instancia hasta la corte suprema.
“De tan tersa, la transición ni se va a sentir”, dijo el presidente López Obrador el pasado 10 de julio. Estamos a tres de septiembre y lo único cierto es que eso, una transición tersa, es lo único que no hay.
Tristemente, como dijo en la revista Nexos el intelectual Jorge Castañeda, pareciera que nuestro país no ha aprendido a transferir el poder pacífica, democrática y ordenadamente.
Castañeda analizó dos antecedentes de transiciones presidenciales que generaron turbulencias terribles.
Al finalizar agosto de 1982 el presidente saliente José López Portillo decidió que debía imponer el control de cambios y nacionalizar a los bancos mexicanos. Le informó al presidente electo, Miguel de la Madrid, la noche anterior. No hubo consulta ni decisión conjunta. Las dañinas consecuencias —políticas y financieras— de la decisión del presidente que se iba las enfrentó el presidente que llegaba, y la nación pagó un alto costo.
En 1982 la sociedad mexicana sufría una crisis económica y López Portillo consideró que algo debía hacer, y lo hizo. El problema es que, entre todas las opciones eligió la peor.
Castañeda recuerda que algo semejante sucedió a fines de noviembre de 1994, antes de que Carlos Salinas de Gortari dejara la presidencia en manos de Ernesto Zedillo. Había al finalizar el sexenio salinista fuertes presiones contra el peso. Era necesario devaluar nuestra moneda. Esta medida no podía evitarse. El problema fue que no se pusieron de acuerdo en quién debía devaluar el peso, si el presidente Salinas que se iba o el presidente Zedillo que llegaba.
Hubo comunicación, consulta y diálogo entre Salinas y Zedillo, pero no llegaron a nada. Así las cosas, el gobierno que se iba no devaluó: dejó la depreciación del peso al gobierno que llegaba. Pero la medida devaluatoria no se tomó a tiempo y a las tres semanas del nuevo gobierno, el de Zedillo, la devaluación fue terrible, lo que destruyó, como señala Castañeda, el patrimonio de millones de familias mexicanas.
En la actualidad, no ha faltado comunicación entre del presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum. Pero a pesar de la excelente relación entre Andrés Manuel y Claudia, la transición no ha sido tersa. Iba a serlo, pero no lo fue.
Las reformas constitucionales propuestas por López Obrador, sobre todo la del poder judicial, podrían complicar el arranque del sexenio de Sheinbaum. Lo peor es que no había ninguna necesidad de chocar con el poder judicial.
Esperemos, como ha dicho Castañeda, que los efectos negativos de la reforma judicial no sean tan duros como la nacionalización de la banca en 1982 o la falta de devaluación en noviembre de 1994.
Pero el solo anuncio de que es inminente la reforma del poder judicial ha enfriado la economía e incrementado las tensiones con Estados Unidos. Y ahora todas las personas juzgadoras están en paro, desde jueces y juezas, pasando por magistrados y magistradas, hasta ministros y ministras.
En estos días, quizá hoy mismo, se votará a favor de la reforma del poder judicial en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esperaremos a ver en qué términos exactamente se aprueba tal reforma para modificar el tracking diario ClaudiaMetrics. Será importante conocer las expectativas de la gente acerca de un cambio constitucional que tanto afectará, según especialistas, en el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Si la gente mantiene su apoyo al presidente saliente y a la presidenta entrante, entonces quizá el desenlace de las reformas no resultará todo lo perjudicial que se ha pronosticado. Quizá, quizá: ya se verá.
Hay algo ciento por ciento seguro: a la presidenta Sheinbaum le tocará implementar los cambios constitucionales de los que surgirá un nuevo sistema político. De sus reconocidas pericia, capacidad de trabajo y honestidad dependerá que las cosas no se compliquen.
Enseguida mi participación en el noticiero de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en El Heraldo Radio: