“¿Turismo o pueblo? Clarísimas prioridades”, escribió uno de los expertos en analizar los procesos en torno al desarrollo turístico-inmobiliario que hay en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS): el doctor Manuel Ángeles. La opinión la hizo por la pérdida de un espacio público que fue usado por habitantes del barrio El Manglito.
Resulta que un proyecto impulsado por Administración Portuaria Integral (API), en donde el gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis tiene una silla en el Consejo de la paraestatal y decidió quitar un parque público que otro panista reinauguró hace tres años.
Armando Martínez Vega como alcalde invirtió 2.4 millones de pesos de nuestros impuestos.
“Las acciones que generen un bienestar social ha sido una prioridad dentro de su administración, por ello, la importancia de que los espacios públicos se aprovechen de manera sana”, dijo el panista Armando Martínez Vega, cuando entregó el 12 de enero de 2018 la remodelación del espacio público que Administración Portuaria Integral (API) en Baja California Sur destruirá, o como ellos dicen, “reubicaran”.
Se trata del Proyecto integral de parque El Manglito, B.C.S sometido a revisión por la autoridad ambiental calificó en 2019 como incongruentes con lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de La Paz. La idea de API era construir a un costado un edificio para marinos retirados, otro para la Cooperativa de Pescadores de El Manglito y una palapa de fileteo, pero la Semarnat es clara en su resolución en el oficio SGPA/DGIRA/DG/05325:
“(…) por sus características y ubicación estas se encuentran dentro de la zona federal marítima terrestre en la que está prohibida la construcción de obras permanentes y las que impidan el libre tránsito; así como por no conservar el 90% de total del predio libre de construcciones y no cumplir con los destinos de uso de suelo Recreación, Deporte, Áreas Verdes asignados al sitio de pretendida ubicación del proyecto”.
El instrumento de ordenamiento marca solo área verde o recreativa, pero el PDU no es muy respetado por esta clase de desarrollo que defienden muchos en sus discursos los políticos. Un desarrollo que es para nuestro bien. Como lo dijo el alcalde saliente, Rubén Muñoz Álvarez, quien pidió a la gente: “No hay manera de detener el desarrollo de una ciudad”. Tanto que usando el discurso del desarrollo lo ha violado para favorecer un hotel.
La frase fue una de las usadas para tratar de convencer que el cambio de uso de suelo a favor de SiNow-Century 21 para su megaproyecto Misión Punta Norte fue legal. Lo mencionó durante una entrevista con diario El Independiente de Baja California Sur la semana pasada. Para el presidente municipal las irregularidades señaladas por organizaciones de la sociedad civil son erróneos y su administración usó las facultades constitucionales del ayuntamiento para modificar los usos de suelo desde una comisión sin facultades y sin tomar en cuenta el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la capital.
¿A qué clase de desarrollo se refiere el todavía munícipe?
Sin duda, a uno en el que las grandes empresas inmobiliarias beneficiadas con toda clase de empujón. Lo que imagina Rubén un derecho a la ciudad no para el ciudadano sino a todo externo que viene hacer dinero con las necesidades de la gente.
De hecho, el discurso del próximo diputado federal plurinominal por Morena presenta como principal preocupación las nuevas generaciones que no podrán adquirir un terreno o una casa en el futuro cercano. Lo cierto es que el mercado inmobiliario poco a poco subirá sus precios dejando una plusvalía más alta en las zonas de importancia para ese desarrollo de Rubén. El desarrollo de Rubén busca el beneficio de las empresas de bienes y raíces que representa, pero eso será para otra columna.
El desarrollo que pregona Carlos Mendoza Davis, a través de API BCS, desde el Gobierno del estado al igual que Muñoz Álvarez, se trata de un desarrollo que quita valor a las prácticas que locales van tejiendo con su entorno. Con su barrio. Con la playa. Esas interacciones cotidianas de la gente, por ejemplo, en el barrio El Manglito, no valen nada frente a una marina tipo Los Cabos o un megaproyecto inmobiliario para personas millonarias. Uno que destruye ecosistemas.
El desarrollo que los políticos pregonan es uno que conviene a una élite que invisibiliza toda posibilidad de otra forma de desarrollarnos desde lo local. Desde los barrios. De abajo hacia arriba y no al revés.