¿Quiénes son los presos de Tlanixco?
La Ley de Amnistía que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de 2018, --cuando aún era candidato para llegar a Palacio Nacional--, nace a los pies del volcán “Nevado de Toluca”, en un folclórico pueblo identificado como San Pedro Tlanixco.
En uno de los penales mexiquenses, residían seis personas indígenas de naturaleza nahua; tres de ellas habían sido condenadas a penas de prisión que superan los 50 años, las otras tres estaban en la antesala de ser juzgadas; además, existían dos personas extra que, se encontraban en calidad de prófugas.
Ante la pena corporal, las ocho personas indígenas nahuas —y sus respectivas familias— estaban desahuciadas; por su edad actual, era probable que la mayoría saliera de prisión, como dicen al interior de los penales, “con los pies por delante”.
Pero no sucedió así, la historia de los indígenas Marco Antonio, Lorenzo, Dominga, Teófilo, Pedro y Rómulo tomó un rumbo diferente cuando el caso llegó a las manos del abogado José Antonio Lara Duque, lo analizó y lo presentó al interior del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
Acompañado del grupo de jóvenes que integran el colectivo, el abogado evidenció atropellos sistemáticos a las garantías individuales de los seis indígenas. Acciones que llegaron a instancias internacionales, pero que pasaron por las manos de la entonces candidata al Senado de la República, Nestora Salgado García.
Ella fue quien le expuso a López Obrador sobre la situación de los, entonces, presos de Tlanixco, quienes producto de la defensa de su agua —que emana del volcán mexiquense hacía la comunidad indígena— habían perdido su libertad acusados de un homicidio que no cometieron.
Ahí nace la idea de formular una Ley de Amnistía, acción que colocó como uno de sus cien compromisos de llegar a la silla presidencial; cumplió. La Ley de Amnistía federal se aprobó en abril del año pasado; y, en enero pasado, la que corresponde a la entidad mexiquense.
El espíritu de ella es, dejar en libertad a personas acusadas de delitos menores y que por primera vez se encuentren con un asunto penal de esta envergadura. De esta forma, como lo ha reconocido el propio López Obrador, también es liberar a personas que, independientemente del delito que enfrenten, se evidencien violaciones a sus derechos humanos.
Pero, por otro lado, también es reconocer violaciones gubernamentales al famoso “debido proceso”, es decir, al evitar intérpretes cuando se trate de personas indígenas; de acusaciones falsas (o sembradas), tortura, discriminación, arrestos arbitrarios, entre muchos etcéteras.
Hoy, tenemos a las familias de otros 25 mexiquenses que duermen en una huelga de hambre desde hace 16 días, frente a la oficina del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, en la Plaza de los Mártires, en pleno corazón de Toluca; con la misma esencia, el atropello sistemático a sus garantías individuales.
En estos 25 casos, no sólo el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, sino también la Comisión local en esta materia, ha certificado dichas violaciones a las garantías de estas 25 personas presas de manera injusta.
Sin embargo, el titular del Poder Judicial mexiquense, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, se niega a liberarlas, a pesar de haberse emitido un amparo federal para ser beneficiadas con la Ley de Amnistía de manera inmediata.
Alfredo del Mazo y Ricardo Sodi Cuellar deben actuar pronto, sin vacilar, porque ahora no sólo tienen en contra su propia terquedad, sino el amparo de la justicia desde la federación, y por si fuera poco, la Plaza de los Mártires podría convertirse en el escenario de una tragedia.
Hay seis familiares que reportan un estado de salud grave, se deteriora de manera fugaz; en víspera de los festejos patrios, Alfredo y Ricardo deben evaluar que se trata de la vida de 25 mexiquenses que ofrecen su vida, y que ya no hay lugar para más caprichos.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz